En un par de charlas que dicté esta semana sobre la política de financiamiento agrario, para un grupo de productores de arroz en el Casanare y 23 directores de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umatas) del Atlántico, pude constatar la ineficiencia y la poca capacidad de gestión que tiene el Ministerio de Agricultura y Fedearroz en el fomento de la productividad agrícola.

En la mayor zona arrocera del país (Casanare), la próxima semana comienzan las siembras de unas 100 mil hectáreas de arroz y el Ministerio de Agricultura todavía no ha girado a Finagro los recursos para subsidiar un porcentaje de la tasa de interés de los créditos de los arroceros. Los calendarios de siembra no saben de trámites, resoluciones y traslados presupuestales. Si los desembolsos de los créditos no salen a tiempo, a los arroceros les toca financiarse con las altas tasas de interés de las casas comerciales, mermando así la rentabilidad de su negocio. Estos burócratas del Ministerio de Agricultura ni siquiera saben que un crédito en tiempo normal se tramita y se desembolsa en 30 días.

El Ministerio de Agricultura tampoco diseñó una estrategia para incentivar la siembra de otros cultivos para remplazar las áreas de arroz que hay que reducir este año por la sobreoferta del grano en el mercado interno. Ni siquiera se les ocurrió implementar un plan de siembra de maíz amarillo para sustituir una parte de los 4,6 millones de toneladas que a los avicultores del país les toca importar desde los Estados Unidos. La producción nacional solo logra abastecer el 23% de la demanda interna. Ademas del desarrollo económico y el empleo rural que ello generaría a esa apartada región de Colombia. 

Si por el lado del MinAgricultura la ineficiencia abunda, por el lado del gremio la cosa es peor. Fedearroz, en vez de invertir los 60 millones de dólares que ha recibido en estos últimos 5 años (ingresos provenientes de las subastas de importación del grano desde los Estados Unidos) en nuevas variedades de semillas que rindan 8 ton/ha en transferencia de tecnologías y capacitación en buenas practicas, se dedicó a construir costosas oficinas, molinos y a montar unas tiendas de arroz que no dan ni para pagar los arriendos de los locales que alquiló a sus propios directivos. Insisto en que la Contraloría General de la República y los ministerios de Hacienda, Comercio e Industria y el de Agricultura deben adelantar una auditoría especial a la ejecución y al impacto de estos recursos en la productividad del sector.

El otro tema que preocupa mucho a los productores del campo es el ineficiente servicio de asistencia técnica que prestan las Umatas municipales. Según el Censo Agropecuario, el 90% de los campesinos censados dijo no haber recibido nunca este servicio. En la reunión sostenida con los 23 directores de las Umatas del departamento del Atlántico, vi a unos profesionales mal pagos, sin presupuesto, con un total desconocimiento de los programas de fomento a la productividad agropecuaria y sin medios para transmitir los principales problemas de los agricultores de sus zonas rurales a las entidades públicas encargadas de la investigación y transferencia de tecnología.

Grave el asunto.