Es importante mencionar que uno de los principales mecanismos de financiación con los que cuenta el Gobierno nacional son sus bonos de deuda, instrumentos de contenido crediticio a través de los cuales se captan recursos por parte de inversionistas nacionales e internacionales para financiar los compromisos de gasto del gobierno, a cambio de un rendimiento en un plazo determinado.

Como toda operación de crédito, el principal riesgo para el inversionista tenedor de los bonos es el potencial incumplimiento del pago por parte del Gobierno nacional. Dado que el retorno es directamente proporcional al riesgo, entre mayor sea el riesgo percibido por el inversionista, mayor es el retorno esperado por el mismo. Es aquí donde las calificadoras como Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s juegan un rol muy importante en la categorización de los perfiles de riesgo crediticio de cada país, toda vez que de estos termina dependiendo el apetito de los inversionistas para prestar recursos a cada país y el costo al cual estarían dispuestos a hacerlo.

La noticia de esta semana estuvo relacionada con la reducción por parte de Standard & Poor’s de la calificación de riesgo Colombia de BBB- hasta BB+, lo cual marca un punto de inflexión entre ser categorizado como un buen riesgo crediticio antes los inversionistas (grado de inversión) y ser un  sujeto de riesgo alto ante los mismos (grado especulativo). 

Aunque ha sido una de las tres calificadoras la que ha modificado el grado de inversión del país, es menester aclarar que este se pierde técnicamente cuando dos de las tres calificadoras categorizan como grado especulativo, situación que es muy probable suceda en los próximos meses.

De ocurrir lo anterior muy seguramente existirán restricciones de inversión por parte de ciertos inversionistas en bonos de deuda colombianos, acotando el potencial de los mismos y encareciendo el costo de financiación del país, necesario para el funcionamiento y la ejecución de los programas y proyectos del país. Esto a su vez se traducirá en mayores recursos destinados al pago de deuda, haciendo aún más retador el panorama fiscal y demandando mayor gimnasia financiera por parte del gobierno.

Otro de los efectos posibles corresponde a una mayor devaluación de nuestra moneda, explicado por la salida de dólares de la economía colombiana, lo cual podrá presionar temporalmente el precio de algunos productos al alza.

A nivel general y en el mediano plazo, este incremento del costo de financiación podría irrigarse a la banca local y encarecer el costo de los préstamos a personas naturales y empresas colombianas, afectando su poder adquisitivo y haciendo más retadora la dinamización de la economía.

Volver a recuperarlo no sería una tarea fácil y demandaría mucho esfuerzo desde muchos frentes. No obstante, más allá de este objetivo, la coherencia en las decisiones financieras y económicas no debería cambiar.  La receta para buscar la estabilidad fiscal deberá seguramente involucrar iniciativas e incentivos para la reactivación de la economía, nuevas fuentes de ingresos tributarios, mayor austeridad en el gasto público, mejor perfil de la deuda, y un adecuado manejo de la pandemia.