Según la encuesta de presupuesto de hogares el pago de arriendo y servicios públicos compromete el 28,7% del total de gastos, y se consolida como el rubro de mayor peso de una familia; seguido por gastos en bienes y servicios diversos, como el cuidado personal, protección social, seguros, y servicios financieros, que pesan el 18,3%, y los alimentos y bebidas no alcohólicas que representan el 15,9%.  Hacia estas tres dimensiones se direcciona el 63% del gasto de un hogar colombiano.

Recientemente un precandidato presidencial preocupado por esta situación, propuso que “si se rebajaran los arriendos, si el arriendo pudiese ser más cómodo, menor, más económico, el salario en realidad crece”; fueron sus palabras exactas. Dada la inconsistencia, él mismo aclaró posteriormente que su propuesta lo que busca es que el peso del arriendo en el salario disminuya a través de dos canales, vía disminución del canon de arriendo o a través de un subsidio.

La propuesta no pasa por ser porfía desde varios frentes. El primero, desde el punto de vista de los inversionistas, un detrimento en el retorno de su inversión, es un mensaje que iría en contravía de la promoción de inversiones en el país. En donde no necesariamente, hay que imaginarse al gran inversionista extranjero, sino también a esa importante proporción de hogares que con gran esfuerzo han acumulado ahorros que lograron invertir en la finca raíz buscando una nueva fuente segura de ingresos alternativos, para la cual este tipo de anuncios pasan por quitarle toda tranquilidad dado que ponen en juego el respeto por la propiedad privada y la seguridad económica de las familias.

Desde el punto de vista del arrendatario, una disminución del canon podría ser beneficioso, pero de ninguna medida significa que su salario crezca, quizás que rinda un poco más, pero no existe forma de crecer. La única forma para que su ingreso laboral crezca sería mediante un aumento del mismo, que sería una opción inflacionaria que podría terminar jugando en su contra, pues un crecimiento desproporcionado del salario, podría desencadenar una expansión generalizada de precios, incluido el arriendo, y lo que se vendió en campaña como un beneficio termine acabar siendo un absoluto perjuicio. 

La otra vía que propone el precandidato es por la vía de un subsidio al arriendo. Una propuesta que se ha utilizado en el país, como medida temporal ante emergencias sanitarias o ambientales, pero que no se ha planteado nunca como permanente y mucho menos masiva, más aún sin dimensionar el costo fiscal que implica.

No es la primera vez que el candidato a la presidencia anuncia medidas populistas e introduce propuestas con esperanzadores resultados que pareciera construirse por arte de magia para que acto seguido tenga que verse obligado a ofrecer aclaraciones. 

Sin embargo, yendo más allá de la controversia generada sobre la cual pretendí dar luces sobre la imposibilidad del efecto espontáneo de su pronunciamiento inicial, encuentro que logra una importante acometida, en donde esta vez ni yo me pude salvar, y es hacerlo causa de este escrito, posicionándolo en el centro del debate y la opinión del país. 

* Directora Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla