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El desconocimiento de las diferentes entidades que componen el sistema de resolución de controversias a nivel local afecta e influye en el debido acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.

1. La falta de confianza y la ineficiencia del sistema son una de las principales razones por las cuales las personas no acuden a la justicia para resolver sus conflictos. De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana, el 43% de los encuestados piensa que la gente no acude en todas las ocasiones al sistema de justicia al considerarlo lento, además 3 de cada 10 ciudadanos consideran que la ciudadanía no acude al sistema de justicia debido a que no hay confianza en las entidades. Por otro lado, el 52% de los ciudadanos prefiere resolver sus conflictos por su “propia cuenta” y no acude ante algún tercero o entidad para esos propósitos.

2. El desconocimiento de las diferentes entidades que componen el sistema de resolución de controversias a nivel local afecta e influye en el debido acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. En promedio, del 42% al 53% de los ciudadanos no conoce los centros de conciliación o los conciliadores en equidad; del 14% al 26% de los encuestados no conoce las comisarías de familia, juzgados, fiscalía o las inspecciones de policía y un 89% de los ciudadanos encuestados conoce las estaciones de policía o CAI. 

3. La cantidad y calidad de la infraestructura física es uno de los principales retos que enfrentan las entidades de la justicia local, lo cual influye y afecta la calidad del servicio y la percepción de los ciudadanos. De las ciudades estudiadas varias evidenciaron    deficiencias en la infraestructura física para la prestación de los servicios que se manifiestan en espacios reducidos o insuficiente número de puestos de trabajo. El hacinamiento carcelario es el principal obstáculo para la resocialización de los internos.

4. En la mayoría de las ciudades se manifestaron dificultades operativas por la falta de personal de planta, las limitaciones del recurso humano de apoyo asignado y la excesiva rotación del personal. De las 17 ciudades y municipios de la Red Cómo Vamos que fueron examinadas, las comisarías de familia cuentan mínimo con un comisario(a), un trabajador(a) social y un psicólogo(a); en algunas de ellas este personal no es fijo.

5. Las entidades de justicia a nivel local son apéndices de las alcaldías, pero reciben poca priorización y recursos financieros para su funcionamiento, aun cuando son parte integral de la estructura administrativa local. 

6. El sistema de justicia presenta dificultades de articulación, entre las entidades a nivel local y las instituciones de orden nacional, lo cual afecta la prestación de un servicio eficaz y de calidad. Con relación a las comisarías de familia, se evidencia una desarticulación interinstitucional con Policía Nacional, Fiscalía e ICBF, dado que carecen de acceso permanente a la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), operado por la Fiscalía, lo cual dificulta el trámite de las denuncias.

7. Se evidencian retos en el uso de recursos tecnológicos que no sólo afecta el acceso a la información de la gestión de las entidades locales, sino que presenta limitaciones para una prestación más eficaz y ágil de la justicia. 

 

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