Elegir a los gobernantes es uno de los derechos más importantes de los ciudadanos en las sociedades democráticas; nos hace artífices y protagonistas de nuestro propio futuro y nos permite elegir a los gobernantes que más le convienen a la sociedad. El voto, además de derecho ciudadano, es un instrumento vital, determinador de la representatividad democrática. Solo si es libre e inalienable, cumple a cabalidad su trascendental misión. 

El voto debe ser sagrado; el ejercerlo libremente te hace digno, y la dignidad es el tesoro más preciado del ser humano. Cuando se negocia el voto se hipoteca tu futuro y el de la comunidad, y se atropellan dos aristas importantes de la democracia: la formación de una cultura política y la formulación e implementación de políticas públicas que promuevan desarrollo social y cultural. Igualmente, se facilita la llegada al poder de candidatos no prestantes, negociantes de la política.

La lucha por el reconocimiento del voto como derecho universal ha sido un proceso largo y arduo. En el siglo XIX y hasta mediados del XX, los Estados liberales -incluido Colombia- establecían límites al voto por sexo, nivel de educación, tenencia de propiedades, raza y rentas. En el país, solo a partir de 1936, durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, se instaura el voto universal para los hombres mayores de 21 años, poniendo fin a las limitaciones que imponía el sufragio calificado. Las mujeres solo pudieron sufragar a partir de 1957, al reconocérseles plenos derechos civiles y políticos.

 Nuestro deber ciudadano no se limita a señalar el candidato en el tarjetón el día de las elecciones. Es necesario ser, también, copartícipe de las decisiones políticas que toman quienes llegan a los cargos públicos y ejercer el necesario control al que tenemos derecho, como está consagrado en la Constitución Política, como las veedurías ciudadanas, las audiencias públicas, el plebiscito, entre otros.

En nuestro país, cuando los candidatos a cargos públicos gastan cientos de millones de pesos para comprar el voto ciudadano en sus campañas, a través de los ‘capitanes’ y ‘mochileros’, pierden su condición de políticos y se convierten en empresarios politiqueros que, al llegar al cargo, tendrán como principal motivación sacar lucro y provecho para recuperar lo invertido y acrecentar sus riquezas personales, y en lo que menos pensarán será en la gente y en su comunidad. Sin duda, no serán proclives a promover políticas públicas de desarrollo social y económico, ni combatirán la pobreza ni la ignorancia, ya que ellas dos son el caldo de cultivo que permite el éxito de sus prácticas electorales inmorales.

Este 27 de octubre están habilitados para votar en el departamento del Atlántico 1.932.068 ciudadanos. En nuestras manos está escoger a los mejores. Salgamos a votar a conciencia, bajo la lluvia o con el abrasante sol caribeño, y ejerzamos nuestro derecho libre de toda manipulación y coacción.  De lo contrario, de nada servirá lamentarnos de un futuro incierto.