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El hambre, oprobio que mata

La inseguridad alimentaria, derivada de la desigualdad y la pobreza, debe estar en la agenda del nuevo presidente de Colombia, incluyendo medidas de choque efectivas más allá de paños de agua tibia que poco contribuyen al bienestar social. Es necesario implementar una política pública que impacte sobre las causas estructurales que promueven el acceso inequitativo al derecho a una buena y sana alimentación.

Desde hace muchos siglos las hambrunas han sido una funesta compañía de la humanidad, a partir de que la sociedad asumiera como valores el individualismo, el clasismo, y la acumulación y concentración de bienes y riqueza. Este nefasto estigma se agravó con la pandemia, creciendo desmedidamente, sin acciones que logren aplacarlo. Abundan millones de familias viviendo sin alimento o con escasas raciones para sobrevivir, niños famélicos con miradas perdidas que se mueren ante la indiferencia de todos; además, afrentas que la acompañan como la desnutrición, el bajo rendimiento intelectual, el mayor riesgo de morbimortalidad, la marginación y la discriminación.

Pese a la reactivación de las actividades económicas y productivas, el panorama de inseguridad alimentaria es de una gravedad alarmante, en especial en Latinoamérica y África. Para colmo de males, la guerra entre Rusia y Ucrania coadyuvó al aumento de precios de bienes y servicios a nivel mundial, lo que ha empeorado la crisis alimentaria y ha profundizado la inestabilidad económica.

Efectivamente, en Colombia, de acuerdo con la Encuesta Pulso Social, del DANE, en marzo pasado el 63,2 % de los jefes de hogar consultados no tenían mayores posibilidades de comprar bienes básicos como alimentos, ropa, zapatos, etc. Además, en 2021 la pobreza monetaria en el país alcanzó la elevada cifra de 39,3 % en cabeceras municipales, de 37,8 % en centros poblados y del 44,6 % en área rural dispersa. 

En el  escenario latinoamericano se estima que el número de personas en situación de pobreza extrema pasó en 2021 de 81 a 86 millones, mientras que el número total de personas en situación de pobreza disminuyó ligeramente de 204 a 201 millones, según la Cepal. Los niveles son mayores a los registrados hacia 2019, es decir, antes de la pandemia. 

A 2020, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el panorama en América Latina y el Caribe ya era sombrío: 59,7 millones de personas padecían subalimentación, la cifra más alta en veinte años; entre 2019 y 2020, la población que vivía con hambre creció en un 30%, aumentando en 14 millones en apenas un año; tan solo en Suramérica había 33,7 millones de personas subalimentadas, es decir, más de la mitad (56%) de las personas subalimentadas en América Latina y el Caribe. 

Lo peor es que no hay pronósticos de mejoría en el corto plazo. De acuerdo con la Cepal, la inequidad, la pobreza y la desaceleración económica en la región se están profundizando, con un mínimo crecimiento económico, una inflación elevada y una muy lenta recuperación del empleo. 

La inseguridad alimentaria, derivada de la desigualdad y la pobreza, debe estar en la agenda del nuevo presidente de Colombia, incluyendo medidas de choque efectivas más allá de paños de agua tibia que poco contribuyen al bienestar social. Es necesario implementar una política pública que impacte sobre las causas estructurales que promueven el acceso inequitativo al derecho a una buena y sana alimentación.

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