Resulta paradójico que, siendo Barranquilla una de las primeras ciudades de Colombia en contar con un sistema eléctrico urbano (desde 1892), en la actualidad es, junto a las demás poblaciones de la región Caribe, la que peor servicio tiene.
Derivado de administraciones sucesivas ineptas y corruptas de las empresas locales y regionales prestadoras del servicio, cargamos el penoso lastre de una pésima infraestructura eléctrica, sin que se vea aún en el horizonte una solución definitiva, segura y estable. En noviembre próximo, Electricaribe cumplirá tres años de estar intervenida por el Gobierno Nacional, con un alto riesgo de no brindar continuidad del suministro.
La inestabilidad en el servicio se ha convertido en el principal motivo de protestas, de desórdenes públicos y hasta de asonadas en las poblaciones caribeñas que padecen cortes constantes que, regularmente, se prolongan durante varios días.
Estas fallas son atribuidas a las malas condiciones de la vetusta estructura de transformadores eléctricos y las viejas y anticuadas redes de distribución. Adicionalmente, para colmo de males, los fenómenos climáticos invernales motivan apagones que han llevado a la gente a expresar con picardía, en el marco de nuestra idiosincrasia, que apenas se asoma un nubarrón se va la luz.
Aunque el Gobierno es optimista frente a la definición del nuevo operador para la distribución y comercialización de energía en la región, pasa el tiempo y los problemas empeoran. La subasta está prevista para diciembre, luego del aplazamiento del proceso en el que están interesadas seis firmas.
El caso es que de la determinación del operador también dependerá que la Nación asuma el cuantioso pasivo pensional de la compañía, estimado en 1,5 billones de pesos.
Este mes entra en vigencia la sobretasa de cuatro pesos por kilovatio/hora que se cobrará a usuarios residenciales de los estratos cuatro al seis, comerciales, industriales y no regulados en el país para financiar no solo a Electricaribe sino a todas las compañías intervenidas por el Gobierno, mediante el Fondo Empresarial de la Superservicios. Esperamos que estos recursos se inviertan de manera pertinente y transparente, que permitan restablecer un buen servicio.
Cuando mirábamos con cierto optimismo la posible recuperación de Electricaribe, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, presentó una demanda de acción pública de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional, y que retiró días después por el llamado de la dirigencia costeña. Empero, según algunas versiones, seguiría su curso porque no es admisible el desistimiento, lo que representaría un nuevo riesgo para todo el proceso.
Esperamos que los tropiezos sean superados antes de finalizar el año. Es ilógico que en pleno siglo XXI, los costeños tengamos un pésimo servicio eléctrico que limita nuestra calidad de vida y anula la competitividad necesaria para el desarrollo empresarial y social regional. ¡Basta, ni un minuto más con la luz apagada!
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