Todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que implican los derechos de los demás y el orden jurídico”, señala el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Colombia.

Bastó que la Corte Constitucional nos recordara en una de sus decisiones cuál es el contrato social, para que el país se incendiara en este asunto que ha marcado con sangre, dolor y lágrimas la vida nacional.

No hay respuestas fáciles para encontrar solución al problema de las drogas. Ese es un tema profundo y difícil, y tan complejo que tampoco permite una respuesta global. Por ejemplo, hay un porcentaje de adictos que ya no se van a recuperar y que son personas en crisis dispuestas a hacer cualquier cosa, cometer cualquier crimen, con tal de conseguir su droga predilecta. Se puede aplicar la sanción más severa, pero su dependencia es superior a su voluntad.

Estas personas adictas consumen un tercio de la producción mundial de drogas. Aceptar que el problema de ellos no es penal, sino de salud pública, es quitarles un tercio de sus ingresos a las organizaciones criminales.

En América Latina existen dos tendencias con respecto a las drogas: algunos países están dialogando y experimentando con la legalización de algunas drogas, como es el caso de Uruguay; y otros que están completamente en contra de la legalización, como nuestro caso colombiano.

La historia nos ha enseñado que no hay soluciones que se puedan generalizar. Es probable que Uruguay esté teniendo éxito en su política de legalización, pero recordemos que es un país pequeño, que no es productor de drogas y que tiene los mejores indicadores de desarrollo humano de la región. Por lo tanto, no puede usarse la misma fórmula en Colombia, y lo que funciona allá no significa que funcione aquí.

Infortunadamente, en nuestro país los problemas sociales queremos resolverlos solo con policía y cárceles. No basta con legislar, no podemos ser tan simplones al pensar que este problema se soluciona cuando se usa solo la política de criminalización y encarcelamiento. Lo único que se logra con esto es llenar las cárceles con más gente, cuando sabemos que hay más de sesenta mil personas que tienen la casa por cárcel, y los centros de reclusión están en un hacinamiento que viola todos los derechos que debe tener un preso.

La sociedad colombiana debe hacer una profunda reflexión, a fin de ir encontrando salida a este problema que involucre a vastos sectores de la sociedad, que vaya más allá de hacer leyes represoras dentro de las cuatro paredes del Congreso, o informes técnicos que no toman en consideración el pensar y el sentir de las personas. Sería pertinente escuchar a los padres cuyos hijos padecen este flagelo.

No basta con hacer campañas para que la gente no fume o beba, o para que no se drogue. El desafío es más complejo. Hoy se sabe que muchos aspectos de la producción y comercialización internas están muy relacionados con la pobreza. 

Colombia podría pensar en un modelo más inclusivo pues el actual solo se limita al prohibicionismo, que supone una gran carga al sistema de justicia penal.

joseamaramar@uninorte.edu.co