Cuando era candidato, Iván Duque le dijo a un periodista que cuando fuera presidente revisaría la conformación y los presupuestos de algunas de las instituciones que tenían a su cargo la implementación del acuerdo de paz; a su juicio, las entidades esas entidades corrían el riesgo de convertirse en focos de innecesaria burocracia.  

Esa declaración pareció un abrebocas de lo que vendría: un ejercicio sistemático de la dilación que el Gobierno asume como estrategia para que lo pactado en el Colón no se cumpla. 

Un año después de su elección, 20 congresistas le enviaron al presidente un extenso documento en el cual le recuerdan lo que el Estado se comprometió a hacer para consolidar la paz firmada -que no es otra cosa que empezar a solucionar los problemas centrales de nuestra sociedad-, y también que su administración no está cumpliendo a cabalidad con esos compromisos. 

Tienen razón los parlamentarios cuando hablan del desinterés de Duque y de su partido en el poder acerca de temas trascendentales como la reforma rural integral, la reincorporación y seguridad territorial, las víctimas, los cultivos ilícitos y el narcotráfico. También la tienen cuando calculan que durante los 4 años de gobierno de Duque apenas se implementará el 26% de los recursos que se necesitan para implementar el acuerdo. 

Y es que ni las excusas, ni las mentiras, ni las verdades a medias que cada tanto se dejar escuchar desde el Palacio de Nariño son suficientes para ocultar que a la derecha en el poder no le interesa cumplir con este acuerdo -ni con ningún otro-, por la obvia razón de que nunca creyó que en Colombia hubo alguna vez algún conflicto, de que las negociaciones de paz y el posterior acuerdo le parecieron una entrega del país al terrorismo, de que trabajar en procura de la erradicación de las causas profundas de nuestras guerras implica ir en contra de los intereses de algunos de sus más ilustres miembros. Es, en suma, una cuestión de principios.

Por eso este gobierno, por más recordatorios que se le manden, hará todo lo posible por dilatar, entorpecer, enredar la implementación del acuerdo que firmó el Estado a nombre de la sociedad, poniendo con ello en riesgo una oportunidad histórica de pasar de la barbarie al desarrollo y abriéndole la puerta a nuevas violencias. 

Así que no nos hagamos ilusiones cuando vemos al presidente hacer gala de su retórica acomodaticia mientras afirma que la consolidación de la paz es una prioridad para su gobierno. Todas las señales parecen demostrar lo contrario: que el objetivo final es regresar a la guerra -un estado que a la derecha le sirve mucho- y dejar las cosas exactamente como están. 

Los tres años que faltan para que por fin se vaya del poder este presidente quizás se nos irán en recordatorios firmados por un par de decenas de personas que llegan a sus manos sin producir ningún efecto en las vidas de las millones de personas que siguen -acaso ingenuamente- esperando que la promesa de la paz integral les sea cumplida.