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Columnas de opinión
Actualizado hace 19 dias

Violencia en racimos

Hace 11 años, en marzo de 2007, la multinacional Chiquita Brands admitió que entre los años 1997 y 2002 financió a grupos paramilitares en Colombia. La historia de esta empresa cobra importancia cuando se acerca el centenario de la “masacre de las bananeras” y cuando hoy, después de décadas de dilataciones, la justicia colombiana parece priorizar el proceso en contra de Chiquita y establecer en un tribunal colombiano la responsabilidad que tuvo en el respaldo económico a grupos armados.

La Unite Fruits Company comenzó operaciones en el Magdalena a finales del siglo XIX. Su llegada a estas tierras se marcó inicialmente por una idea de progreso y desarrollo que, en apenas unas décadas, se convirtió en la desolación de la sangre representada en una de las masacres más referenciadas en la construcción de la memoria nacional. En 1960 la empresa comienza operaciones en el Urabá y cambia de nombre a Unite Brands, el negocio de la producción del banano marcaba los senderos de ese territorio. Fue a principios de los 80 que Carl Lindner –de quien uno de sus biógrafos diría que ni siquiera alcanzó a terminar la secundaria pero que amasó una fortuna astronómica– compró las acciones de este emporio bananero y le pondría el nombre de Chiquita Brands. Lindner era un tipo agresivo, con un desarrollado olfato para el mundo de los negocios, acompañado por un determinado afán de conquistar mercados. Tenía todo para ser uno de los mejores combatientes en lo que se llamó la “guerra del banano”. Lindner planeaba acaparar los mercados que se abrían tras el desmonte de la Europa socialista en los 90, pero no fue tan fácil. 

La creación de la Unión Europea no abrió completamente los mercados, sino que estableció que los países favorecieran a los productores de sus antiguas colonias. El mercado que Chiquita veía disponible tras la caída del Bloque socialista no fue cierto. Lindner presionó a los Estados Unidos para que le garantizara la compra del banano. Mientras liberaba esa guerra y soñaba con sus ímpetus de monopolio, Chiquita metía la mano en otra guerra, la guerra que se desataba en el Urabá. En 2001 la compañía se declara en quiebra y, acto siguiente, admite haber apoyado a grupos armados en Colombia. 

Chiquita Brands salió de Filipinas cuando se hizo la reforma agraria en ese país. Al parecer, a esta empresa, le generaban escozor las reformas sociales y las encontraba como un obstáculo para sus intereses. Los sindicatos y sus alcances políticos en materia de garantías en derechos, parecían generarle incomodidad a Chiquita que, sin ningún escrúpulo, le habrían canalizado dineros al frente paramilitar Arlex Hurtado de las Autodefensas, estructura armada que operaba en Urabá y el Magdalena. De más está recordar la sangre que corrió por cuenta de esos recursos. El proyecto paramilitar estuvo al servicio de algunos empresarios, así que el conflicto armado colombiano no se puede entender si no se entienden los intereses que estaban en juego. En Colombia, al parecer, la violencia nos ha llegado en racimos. 

javierortizcass@yahoo.com

Imagen de sandra.carrillo

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