La saga de multas por comprar empanadas a vendedores ambulantes ha generado una serie de comentarios graciosos impulsados con rapidez a través de las redes sociales. La discusión se ha centrado en la legalidad de las empanadas, que de manera ridícula parece ahora alcanzar el estatus de las drogas ilegales. Una atmósfera prohibicionista se mezcla en el aire contaminado y purulento del país. La única dosis mínima que parece tener sentido es la del cianuro, mientras Néstor Humberto Martínez sigue sin ruborizarse atornillado a la dirección de la Fiscalía General. Somos tolerantes con eso, claro, como también hemos sido tolerantes con los asesinatos de los líderes sociales, con los niños muertos por desnutrición en La Guajira, con la muerte del río Cauca y con la masacre a los pueblos indígenas.

El asunto es que esta aplicación del Código de Policía no pretende prohibir el consumo de las empanadas en Colombia, lo que pretende es decirle al consumidor dónde se deben comprar. También le dice al vendedor dónde se deben vender. Comprar una empanada en un establecimiento de un centro comercial no hará a nadie merecedor de un comparendo. Lo que se problematiza con esta medida es la informalidad, pero no como un fenómeno que hay que estudiar o resolver, sino como un fenómeno que hay que exterminar. Así, se criminaliza al vendedor y al comprador, asfixiándolos con medidas que –en muchas ocasiones– están por encima de un salario que no tienen. Lo que se pretende es legitimar, a las buenas o a las malas, ese modelo de desarrollo.

El tema no es la defensa de la gastronomía tradicional y popular. El tema es la defensa del derecho al trabajo, del derecho a la supervivencia, en un país que estrangula de plano las oportunidades de empleo, que sigue concentrando la riqueza en unos pocos, que pretende acabar las universidades públicas. El tema es que con los tres pesos que se gana la gente, los vendedores ambulantes se convirtieron en la única manera de comer. Oígase bien, la única. En el Caribe colombiano sabemos cómo la gente resuelve la vida con una arepa de huevo en una mesa de fritos. Sabemos cómo los estudiantes sobreviven con un vaso de peto o con un bollo. Lo mismo ocurre en el resto del territorio nacional. 

Esta feroz aplicación del Código de Policía obedece a una política muy coherente con este gobierno: la política de asfixiar a la clase obrera, la política de darle la ventaja al empresario. En Colombia la alternativa de la informalidad traza el único camino hacia la supervivencia. De esa venta depende que pueda poner un plato de comida sobre su mesa y que pueda pagar por un techo donde vivir. Quitarle eso a la gente, criminalizarla por eso, es igual que mandarla a un paredón y fusilarla. Solo que lentamente, convertirla poco a poco en unos miserables sin dignidad que busquen entre la basura los desperdicios de las empresas y de la gente que sí tiene. Una vez más queda comprobado que este gobierno no es amigo de los más necesitados, así el pueblo vuelva y lo elija. 

javierortizcass@yahoo.com