Hace 30 años, el 18 de enero de 1989, quince funcionarios judiciales llegaron a Simatoca, Santander. Su misión consistía en investigar varios asesinatos que se habían presentado sistemáticamente en el sector. Se tenía la sospecha que la saga de hechos de sangre guardaban relación con la consolidación del paramilitarismo en el Magdalena Medio, hipótesis que se encargaría de confirmar el destino que le sobrevino a aquella comisión.
Un grupo de hombres –al parecer– de la Fuerza Pública detuvo a los investigadores y les pidió que entregaran sus armas. Cerca de allí, ya desarmados, fueron emboscados. Asesinaron a doce porque los otros tres se hicieron los muertos para sobrevivir. Los asesinos dejaron un mensaje con los cuerpos que decía “Fuera paramilitares”, así le hicieron creer a la gente que el atroz crimen fue perpetrado por la guerrilla.
Tiempo después, un tribunal de Pasto demostraría la culpabilidad de paramilitares en coordinación con dos integrantes del Ejército Nacional en el asesinato de los doce investigadores. Sin embargo, la paquidermia de la justicia colombiana frente a este caso motivó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, el 11 de mayo de 2007 –casi 20 años después–, emitiría un contundente fallo contra el Estado.
Esta masacre, conocida como la masacre de La Rochela por el nombre del corregimiento donde se dieron los hechos, ha sido uno de los casos más emblemáticos de la violencia generada por mafias que se juntan con representantes del Estado para quitarle la vida a sus propios funcionarios.
Aquella comisión de investigadores estaba conformada por jueces, hombres de la Policía Técnica Judicial y los conductores. Sus nombres, como suele ocurrir, ni siquiera se recuerdan. Pese a la condena de la Corte Interamericana, la justicia colombiana no ha hecho lo debido con el total de los victimarios de la masacre de La Rochela, mientras los familiares de las víctimas siguen sumergidos en el doloroso silencio que deja la impunidad.
Este año se hicieron, como suele ocurrir en estos casos, algunos actos por los muertos. Pese al importante papel de la reparación simbólica, una ofrenda floral, un servicio religioso y una pieza documental no son suficientes cuando el acceso a la verdad y a la justicia sigue siendo escaso. Con el tiempo se ha podido establecer que este atroz asesinato fue pactado por distintos sectores de la región, en los que han sido mencionados comerciantes, ganaderos y militares. Llevaron a esos hombres a la boca del lobo, se ocuparon de desarmarlos, dejarlos en el estado más profundo de vulnerabilidad e indefensión, que caminaran hacia sus propias tumbas y los asesinaron a sangre fría. Se habla de 36 implicados en el caso de La Rochela, pero hasta el momento se conocen solo dos personas condenadas. Parece que al Estado colombiano no le interesa siquiera el peso moral que implica la impunidad de los asesinatos de sus propios funcionarios y parece que sectores muy poderosos pueden incidir en que la justicia entre en un miserable letargo.
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