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Opinión

#SeguirLaConstituciónEs

Las Cortes deben tomar decisiones dentro de sus competencias y con el respeto de todas las garantías.

Cualquier democracia se basa, entre otras muchas cosas en la separación de poderes, pero con una relación armónica entre ellos. La interacción entre los poderes públicos debe basarse en el respeto y en el apego a las normas que regulan las relaciones en nuestro país, por supuesto, sobre todo el acatamiento al bloque de constitucionalidad.

Lo anterior significa que para respetar el estado social de derecho en que vivimos se requiere un apego a la norma de normas por parte de cualquier ciudadano y en especial de cualquier autoridad.

En días pasados vimos situaciones que ponen en peligro el estado de derecho. Todos se han equivocado de alguna forma, el presidente al emitir conceptos sobre la detención de Álvaro Uribe que, aunque injusta, debe estar al margen del ejecutivo; la Corte Suprema al detener injustamente a un ciudadano y violar algunas de sus garantías; la sala civil de la misma corporación al proferir un fallo de tutela que en su gran mayoría contiene postulados en defensa de la sociedad, pero que pierde fuerza al incorporar órdenes que salen de la competencia de un juez de tutela, como lo es opinar de fondo sobre el caso de Dilan Cruz u ordenar al gobierno expedir actos administrativos específicos, con esto se desdibuja una decisión que sin este cogobierno hubiera sido paradigma.

Sin embargo, es momento de reiterar otras situaciones que deben ser objeto de revisión, situaciones en que sí se necesita injerencia de los poderes públicos y no la hay, como cuando deberían poner en cintura a algunos bancos para que bajen sus tasas de interés, para que den verdaderos alivios a pequeños y medianos empresarios o para que no empiecen a hacer efectivas cláusulas que perjudiquen a deudores que por la pandemia han dejado de percibir ingresos, aquí sí debe intervenir el Congreso, las Cortes y la Presidencia generando caminos para aliviar deudores en desgracia.

También hemos visto que la Procuraduría anticipa conceptos frente a sus disciplinados, lo que refuerza la noción de qué hay que reformar la función disciplinaria del Ministerio Público y enfocarlo en la defensa de la sociedad y no en funciones sancionatorias, incluyendo su urgente retiro de los procesos penales, donde, no me canso de decir, su presencia rompe “la igualdad de armas”.

De igual manera, le toca a las Fuerzas Armadas revisar la aplicación de procedimientos que en el papel cumplen con la Constitución, pero en la práctica no lo hacen, independientemente de la responsabilidad penal que debe respetar siempre el debido proceso y la presunción de inocencia, no tiene justificación ni entendimiento que a un ser humano lo traten como se vio en videos del caso de Javier Ordóñez y que posteriormente muera, o que un hombre que pertenece al ejército mate a una mujer desarmada como sucedió en Cauca. Si quieren recuperar la confianza las Fuerzas Militares deben tener respuestas contundentes a estas acciones, dar respaldo a las familias de las personas fallecidas por manos de sus miembros y hacer todo lo que esté a su alcance para que no se repitan estas situaciones.

Las Cortes deben tomar decisiones dentro de sus competencias y con el respeto de todas las garantías para que, aunque se puedan criticar, no tengan tantas lagunas en su contenido que le quiten fuerza para ser comprendidas, debatidas y respetadas como debe ser en un estado democrático.

Para que como país podamos seguir adelante debemos respetar las instituciones, pero que las instituciones hagan un estudio a conciencia de su labor para que esto sea posible.

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