En días pasado se hizo viral un video en el que un fiscal salía llorando y quejándose de las vicisitudes de su labor.

Es una lástima que el duro trabajo de los funcionarios judiciales, que muchas veces cumplen su labor sin los recursos humanos y técnicos necesarios, se haya hecho visible por un empleado llorón, por decirlo menos.

Sin embargo, hoy debo volver a referirme a todas las miserias a las que los abogados litigantes estamos sometidos por ejercer nuestro oficio.

Es absolutamente vergonzoso que, en un Estado social y democrático de derecho, los abogados sigamos siendo amenazados, perseguidos y coaccionados por el simple hecho de ejercer la profesión. Hasta nos intervienen nuestros teléfonos y nuestras cuentas en redes sociales.

Es desesperante e incomprensible cómo dentro de un sistema garantista el número de personas privadas de la libertad, sin ser vencidas en juicio, esté en niveles jamás antes visto. Y eso que hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordena que solo en casos extremos se debe enviar a prisión a las personas investigadas.

La mayoría de los jueces colombianos son valientes. En los últimos años, no obstante, hemos observado que juez que conceda una libertad es amenazado por la Fiscalía con investigaciones penales.

En cambio, cobardes funcionarios prefieren encarcelar a personas violando derechos y garantías fundamentales mínimas, como privar de la libertad a una persona sin haberse tomado el tiempo para revisar los elementos materiales de la defensa y de la Fiscalía.

Hay otros que bien campantes les da por revocar libertades o detenciones domiciliarias bajo el errado argumento del ejemplo social. Qué tesis más vergonzosa: hasta un estudiante de primer semestre de

Derecho sabe que las libertades no se conceden o se revocan porque el sindicado es bien visto o mal visto por la sociedad, o porque es bien o mal perecido, o porque tiene cara de mala o buena persona.

También es aberrante la postura de jueces que privan de la locomoción al ciudadano sobre la base del testimonio de un solo testigo, sin corroboración diferente, y lo más triste es que el pueblo ungido en la ignorancia celebra el atropello y la prevaricación sin saber que, un día de estos, esa misma infamia puede tocarle a alguien de su casa.

Cuando un juez concede una libertad por captura ilegal, lo lógico es que se castigue al que vulneró la garantía de la libertad y no a quien la garantizó.

Tenemos que dejar atrás los tiempos oscuros de la Fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Este par hizo y deshizo durante su paso por el ente investigador. Todo aquel que les caía mal se iba para el hueco. Sus amigos, en cambio, gozaban de impunidad, como un ex zar del sector de la salud.

Ah, y a mucho juez pobre de espíritu (y de cojones) la Fiscalía de Montealegre y Perdomo los mantenía amedrentados. Ninguno de esos flojos jueces se atrevía a contrariar a los fiscales porque de inmediato salía Perdomo, casi siempre sin razón, a lanzar alaridos y a ofrecerle cárcel al funcionario que se atrevía a conceder una libertad.

Admiro a lo jueces valientes que son muchos, a fiscales decentes que hacen su labor sin animadversiones; pero rechazo los pocos que sin criterio deshonran su labor.