Hace 20 años, mi padre asumió la defensa del exministro Rodrigo Villamizar, a quien metieron en un lío monumental, junto a un par suyo, Saulo Arboleda, en el sonado proceso conocido como el ‘miti-miti’.

Se trataba de una escucha telefónica ilegal en la que los dos ministros hablaban sobre la adjudicación de 81 emisoras en FM. Hasta antes de enfermar gravemente, mi padre me decía que no entendía cómo se podía procesar y condenar a alguien con una prueba ilegal.

En efecto, en el caso de Villamizar y Arboleda solo había una prueba que los comprometía: la conversación obtenida fraudulentamente, vaya uno a saber por quién. 

Al final, Villamizar se salvó de la condena por prescripción de su caso y Arboleda terminó condenado, injustamente para mi gusto y conocimientos en derecho penal.

Dos décadas después, vemos que el país no ha cambiado mucho. A cualquiera se ‘chuza’ para joderle la vida. Pero una cosa va de hacerle un escándalo mediático a alguien con una prueba espuria, a que las autoridades lo empapelen.

Por eso quiero aterrizar esta columna en el publicitado caso del expresidente Uribe. Hace ocho días, la Corte Suprema aceptó que el teléfono del exmandatario fue intervenido.

Con el correr de los días, se precisó que fueron investigadores del CTI los que habrían incurrido en el yerro, según mi criterio, de “chuzar” el móvil de Uribe.

Más claro no canta un gallo: la Policía judicial, en su afán por mostrar resultados, hacen de todo, hasta cometer irregularidades, como es intervenir teléfonos sin autorización legal.

Ahora bien: ¿qué debe hacer la Suprema Corte con esas conversaciones que, según mi criterio, ilícitamente le fueron grabadas a Uribe? Fácil: echarlas a la basura porque como prueba no sirven para nada. Y estoy seguro de que eso harán los magistrados. 

¿Y qué hacer con los sabuesos del CTI que pudieron haber violado la ley? A ellos les será muy difícil hacerles creer a fiscales y jueces –y sobre todo al país– que no sabían que la voz que estaban grabando era la de Uribe. Bobitos no, por favor. Tal vez el colombiano más mediático de Colombia es el exgobernante. Su voz la identifica hasta un niño.

En síntesis, la Corte Suprema tiene la obligación de hacer respetar el debido proceso y archivar la investigación contra Uribe si las pruebas en su contra fueron conseguidas irregularmente. 

Las garantías en una investigación son sagradas. Eso nos ha hecho más civilizados. Eso ha hecho que, por ejemplo, los tribunales de la Inquisición sean vistos desde hace siglos como una vergüenza para la humanidad. No sobra manifestar que tenemos la mejor impresión del magistrado Barceló, y seguramente al final hará respetar las garantías como siempre lo ha hecho. 

P.D.: Les he puesto mucha atención a las críticas que se le han hecho al nuevo superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Por allá, entre 2010 y 2012, el hombre escribió en su cuenta de Twitter una cantidad de pendejadas e insultos que lo hacían totalmente lejano al uribismo. A partir de 2014 se convirtió no solo en la mano derecha del entonces senador y hoy presidente Duque, sino en un hombre clave en el Centro Democrático. Que Barreto se equivocó, ¡claro que se equivocó! Pero por eso no puede ser linchado. Doctor Barreto: no se complique la vida, ofrézcales excusas a quienes ofendió y asunto concluido.