Tremendo susto el que nos acaban de meter a los colombianos con la novatada que cometieron la Presidencia del Congreso y el Ministerio de Hacienda, en el trámite de la Ley de Financiamiento.
La sacamos barata frente a una Corte Constitucional que ha sido implacable en las sentencias que ha proferido recientemente frente a las decisiones que el ejecutivo ha impulsado para garantizar la seguridad nacional, la lucha contra las drogas, la inversión social y el desarrollo económico del país. Pareciera que viviéramos en un Estado donde las altas cortes, en un claro rompimiento del equilibrio constitucional de poderes, estuvieran asumiendo un rol más administrativo y político que judicial.
No es justo declarar inexequible una ley tan importante para el desarrollo económico y social del país, por un vicio de forma. Debería existir otro mecanismo legal que frene el tránsito de una ley si no está cumpliendo con el debido proceso que exige el reglamento interno del Congreso. Con todo el respeto por los constitucionalistas de este país, la exequibilidad o inexequibilidad de una norma debe obedecer más al contenido de fondo que a la forma.
También debemos exigirles a los ministros del despacho que estén a la altura de las exigencias de sus cargos y funciones. No hay derecho pues, que después de diez meses de haberse aprobado y sancionado la Ley de Financiamiento, no hayan expedido el Decreto reglamentario que exime de impuesto de renta a las empresas que van a invertir, por primera vez, en el sector agropecuario a cambio de generar un mínimo de empleos y de inversión. Y sí que lo estamos necesitando, para ver si recuperamos la caída en picada del PIB agropecuario, las exportaciones, la productividad, la superficie agrícola y el empleo rural, en estos últimos doce meses. Los indicadores del Dane y el DNP muestran una preocupante gestión de la cartera agropecuaria.
Otro tema que tiene trastornado y mortificado al país es las cifras del programa de erradicación de cultivos ilícitos. Los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno no están viendo los resultados esperados. Pareciera que las herramientas o mecanismos utilizados no han sido los más eficientes. En el pasado debate en el Congreso de la Republica, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que se habían erradicado 98.000 hectáreas de coca, pero al mismo tiempo se habían resembrado 58.800 hectáreas. Están como las procesiones de Mompox. Dos pasos adelante y uno atrás.
Los campesinos no van a dejar de sembrar coca hasta tanto el gobierno no les garantice un proyecto productivo alternativo que les genere los mismos ingresos de la coca, les ayuden con un subsidio de vivienda rural y les formalicen los títulos de propiedad de sus fincas, para que puedan ser sujetos de créditos y de los subsidios del Estado.
Los colombianos esperamos que los congresistas se luzcan y aprueben en estos dos meses, sin dilaciones y chantajes burocráticos, el mismo texto de la Ley, para no afectar el buen desempeño de nuestra economía.
En el tintero. Cada día vemos más Joker en las marchas estudiantiles.
Experto en crédito agropecuario.
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