En el momento en el que escribo esta columna, el Congreso de la República lleva aprobado en primer debate el 85% de la Ley de Financiamiento con un recaudo de $6,5 billones de los 14 billones que el Gobierno requiere para completar la financiación del Presupuesto General de la Nación del 2019.

Con esa trasquilada que le han pegado a la ley de Financiamiento, no queda otro remedio que optimizar los $258,9 billones del presupuesto del año entrante para que el Gobierno pueda cumplir su meta de crecimiento económico y social.

Lo preocupante del asunto es que incrementaron el presupuesto en un 10,6% y el crecimiento esperado del PIB es del 3,4%. Con este desequilibrio fiscal, al presidente Duque no le queda otro camino que reducir el gasto de funcionamiento en un 3,5%, lo cual le representa un ahorro de $5,6 billones al año.

Otra medida necesaria es la reducción del gasto de personal. No hay derecho de que nos estemos gastando al año más de $31 billones en este rubro para mantener un Estado tan ineficiente como el nuestro. Tampoco tiene justificación destinar un presupuesto adicional de $11,7 billones para inclusión social y reconciliación. El presupuesto para brindar acceso al sistema educativo y de salud, garantía de un trabajo y una vivienda digna, acceso a la justicia y seguridad a ciudadanos en riesgo de pobreza, debe estar incorporado en cada cartera. Tampoco tiene sentido seguir gastando millonarios recursos públicos en programas de reconciliación en un país que cada día está más polarizado.

Otra manera de hacer rendir los escasos recursos es fusionando entidades que tienen el mismo rol y vender acciones de otras para mejorar su eficiencia. En el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, se debe fusionar la Agencia Nacional de Tierras con la Unidad de Restitución de Tierras y unificar la Agencia de Desarrollo Rural con la Agencia de Renovación del Territorio. Con ello se reduce en un 30% sus gastos de funcionamiento. Otra decisión que puede ayudar a mejorar este déficit fiscal es la venta de un porcentaje de las acciones del Banco Agrario. Y ojalá lo hagan rápido, porque va en picada. En cuatro años redujo su participación del 24% al 19% en las colocaciones de crédito al sector agropecuario e incrementó la cartera vencida por encima del 9%.

También se podrían optimizar los recursos públicos reestructurando los programas de Atención de Víctimas, Restitución de Tierras, Reinserción y Prosperidad Social, que, a pesar de gastarse más de $4 billones al año, sus resultados de gestión son bastante deficientes. Asimismo, debe liquidarse el cuestionado Fondo de Adaptación y reestructurar las politizadas Corporaciones Autónoma Regionales, que nos cuestan en promedio $3.500 millones anuales cada una.

Por último, no era necesario asignarle a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un presupuesto de $712.811 millones para el 2019. ¿Para que se firmó entonces un proceso de paz?

Ministro Carrasquilla, lo que hay es tela de donde cortar. Como dijo el presidente Duque: “No es gastar más ni menos, es gastar bien”.