El pasado miércoles, el presidente Duque radicó ante el Congreso de la República la hoja de ruta de su gobierno en los próximos cuatro años. Corresponde ahora a los legisladores estudiar, debatir y aprobar los 183 articulos que contiene el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022.

Dentro de los pactos estructurales, el texto del proyecto de Ley plantea en los artículos 61, 107, 109 y 142 algunas estrategias para dinamizar el emprendimiento, la formalización, el desarrollo y la productividad del campo colombiano. A mi modo de pensar se quedaron cortos en las propuestas y ahora les corresponde a los 33 congresistas que integran las comisiones Quinta de Senado y Cámara ayudar a orientar mejor las políticas, programas y planes de inversión que mejoren la eficiencia de los productores del campo y la productividad de sus agronegocios.

La Comisión Quinta debería tener un mayor protagonismo en las soluciones que está exigiendo el agro colombiano. Para empezar, es conveniente que deroguen varias leyes obsoletas que impiden el libre desarrollo de la actividad agropecuaria y reemplazarlas por una normatividad acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales de hoy son totalmente diferentes a las encontradas por el legislador a principio de los años 90, cuando se expidió la actual legislación. Sobre todo, las leyes 16/1990, 101/1993 y 160/1994, referentes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, Desarrollo Agropecuario y Pesquero y Sistema Nacional de Reforma Agraria, respectivamente. 

Otro de los temas que merece una reorientación por parte de la Comisión Quinta son las Umatas y los Fondos Parafiscales. Ninguno de los dos esquemas han tenido buenos resultados en el crecimiento de la productividad y rentabilidad de los productores del campo. Las Umatas deberían trasladarse al “Sena Rural” y la parafiscalidad debe integrarse a las cadenas alimentarias (producción, transformación y comercialización). De esta manera se obtienen mayores recursos y mejores resultados en aplicación de nuevas biotecnologías, transferencia de conocimientos y campañas de consumo. Todos ponen, todos ganan.

Otro tema pendiente de discusión y trámite en la Comisión Quinta es la impostergable reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales. Hay que ponerles oficio y acabar con la politiquería que las tiene enfrascadas en la ineficiencia y corrupción. Estas estructuras administrativas y técnicas podrían ser un excelente vehículo para poner a operar los planes de reforestación y de embalses departamentales, con el fin de recuperar la biodiversidad y el manejo sostenible de la agricultura y la ganadería.

La Comisión Quinta también puede ayudar mucho en la reducción de los costos de producción, aprobando una norma que establezca una tarifa de energía diferencial para sistemas de riego y otra para arriendo de tierras. De igual manera pueden aportar mucho a la competitividad del campo exigiendo que un porcentaje de las regalías sea destinado exclusivamente para construcción y mantenimiento de vías terciarias.

Otro reto importante para la Comisión Quinta en esta legislatura es el fortalecimiento de la política comercial agrícola. La volatilidad de los precios de mercado de los commodites de granos, softs, derivados y carnes, requieren de la creación de un fondo de cobertura de precios al productor.