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Emergencia climática a la vista

Una alternativa de solución rápida y práctica, es destinar los recursos del fracasado programa de subsidios de tasa de interés y seguro agrario ($245.000) al programa de Incentivos a la Capitalización Rural (ICR) y orientar el presupuesto de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a incentivos en inversiones de pozos profundos, jagüeyes, reservorios, canales, sistemas de riego, motobombas y paneles solares. Agricultura se escribe con agua.

Las altas temperaturas y la escasez de lluvias en la Región Caribe, tiene a los agricultores y ganaderos muy angustiados por el impacto negativo que puede causarles este cambio climático en la productividad de las explotaciones agrarias y sus ingresos.

En los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, por ejemplo, donde se siembran alrededor de 68.000 hectáreas de yuca, solo cayó un aguacero en abril. Muchos agricultores tuvieron que hacer resiembras y otros aplazar sus cultivos. En el Magdalena, se afectó la producción de cajas de banano por hectárea y en el resto de los departamentos se redujo la producción de frutas, leche y carnes. Esta situación obliga al ministerio de Agricultura y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), activar, desde ya, todos los instrumentos y mecanismos de ayudas para evitar que el daño sea peor. Ojalá no se repita la improvisación y mal manejo que le dieron a la emergencia invernal en la Mojana.

Claramente, esta situación pone en riesgo las inversiones hechas en las siembras de muchos cultivos, en los hatos ganaderas y demás sectores productivos. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, tiene muy poco margen de tiempo para actuar y anticiparse a esta catástrofe, y así evitar una situación de desabastecimiento de alimentos en el país, lo cual impactaría gravemente el precio de la canasta familiar y la inflación, en el segundo semestre del año. Conociendo la burocracia ineficiente de este país y la absurda tramitología pública, lo más recomendable es decretar una emergencia climática, ambiental y económica, para facilitar la ejecución de los recursos públicos en los programas de ayudas.

Una alternativa de solución rápida y práctica, es destinar los recursos del fracasado programa de subsidios de tasa de interés y seguro agrario ($245.000) al programa de Incentivos a la Capitalización Rural (ICR) y orientar el presupuesto de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a incentivos en inversiones de pozos profundos, jagüeyes, reservorios, canales, sistemas de riego, motobombas y paneles solares. Agricultura se escribe con agua.

Complementario a lo anterior, habrá que activar un programa de reperfilamiento de los creditos tomados con la banca y los distribuidores de agro insumos. Para ello, es necesario que Finagro a través del Banco Agrario, compre la cartera destinada a las siembras, haga un retanqueo de los créditos para las necesidades de capital de trabajo e inversión en sistemas de riego, y amplíe los plazos de amortización para no recalentar los flujos de caja de los agronegocios. Lo esencial del préstamo es su carácter de permanencia y no su duración. 

Estas dos alternativas de solución, evitan una quiebra masiva de productores del campo, el desabastecimiento de alimentos en las plazas de mercado y centrales de abastos y un problema grave de inseguridad, desempleo y pobreza en el campo. Déjense ayudar.

En el tintero. El gobierno debería comenzar la compra de tierras, por los predios o parcelas que hoy están arrendados a miles de campesinos. En las zonas donde se cultiva el arroz, maíz y yuca, hay más de un millón de hectáreas aptas y disponibles para la explotación campesina familiar.

*Consultor en crédito de fomento agrícola.

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