En Colombia existe una imperiosa necesidad de mejorar la gestión del riesgo agropecuario, ya que el actual sistema de seguro agropecuario –regulado por la Ley 69 de 1993 y refundido en una serie de leyes, decretos y resoluciones– obstaculiza el desarrollo eficaz de este importante instrumento de estabilización de las ganancias de los agricultores.  

Según las cifras oficiales, en el último cuatrienio el gobierno Santos destinó recursos por un monto superior a los $157.000 millones en subsidios a las primas, para asegurar tan solo un área inferior al 3% de la superficie agrícola del país. Mientras tanto, las aseguradoras y reaseguradoras han tenido que pagar siniestros por un monto superior a los $262.000 millones. Para empezar, es urgente recoger en un solo texto la legislación referente a la materia y diseñar una normativa acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador en 1993, cuando se expidió la legislación actual.

Otra tarea necesaria es centralizar en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la política del seguro agrario y delegar su administración bajo un sistema de coaseguro que agrupe a las compañías de seguros interesadas en el ramo. 

Este esquema de Coaseguro permite hacer frente a riesgos que, por su intensidad, extensión (sequía, invierno, etc), frecuencia aleatoria y costo económico, son prácticamente inasumibles por cualquier aseguradora que actúe de forma aislada e individualmente. La propuesta de creación de una Sociedad Anónima, con un capital determinado, permite utilizar la fórmula de escoger la porción de riesgo que se quiere asumir dentro del cuadro de coaseguro en función de la política aseguradora de cada compañía. Es decir, una compañía puede decidir no tomar más un determinado porcentaje de riesgo, pero necesita estar presente en el sector agropecuario para poder vender otro tipo de coberturas, como pueden ser responsabilidad civil, tractores, vida, etc. 

Al obrar de esta manera se suma la capacidad de asunción de riesgo de todas las aseguradoras adheridas al Sistema. Es decir, estas compañías aportan toda su capacidad financiera para asumir riesgos muy peligrosos, pero lo hacen en porcentajes perfectamente soportables para cada una de ellas individualmente consideradas.

Aparte de lo anterior, está la economía de escala que se consigue teniendo un único gestor para el mismo tipo de riesgo. En España, por ejemplo, Agroseguro gestiona todo el sistema con solo el 5% de las primas, algo que es absolutamente impensable para una aseguradora aislada. Y con ese presupuesto, además, financian estudios de investigación relacionados con el comportamiento de los cultivos o los métodos y técnicas de tasación que permiten a los peritos actuar de forma ajustada a la realidad científica del daño producido.

El Gobierno, por su parte, se coloca en una posición muy favorable para establecer ‘a priori’ el presupuesto necesario para ayudar al desarrollo de su política de distribuir apoyos para hacer frente a las catástrofes que pueden abatirse sobre la actividad agraria. La solvencia del agricultor mejora frente a los bancos y otros intermediarios financieros, que saben que, en caso de catástrofe, el agricultor podrá obtener recursos para hacer frente a sus deudas.