El enredado asunto de la JEP, y los capturados en un hotel recibiendo una coima en dólares para presuntamente intervenir en el caso del exguerrillero Santrich, no está tan claro como parecía estarlo desde el comienzo. Al principio todo se veía como un vergonzoso episodio más de corruptela, de esos a los que estamos acostumbrados, como si de desayunar se tratara.
Cuando se conoció la escandalosa noticia con el diciente y vergonzoso video del fiscal Carlos Bermeo embolsillándose, cual hampón, el fajo de billetes en la chaqueta, creímos de plano que la JEP y Santrich temblaban. Por lo visto, según los más recientes acontecimientos, no es así.
En la audiencia de ayer el procurador judicial para este proceso, Henry Francisco Bustos, dijo que no hay evidencia, ni información que permita inferir cómo llegó el caso Santrich a ser objeto de la reunión que originó el bochornoso caso. ¡Oh, sorpresa!, el proceso está dando un vuelco cuando todo parecía encaminado a establecer con claridad una relación dolosa, cuyo ánimo era evitar que se diera la extradición del subversivo capturado en Bogotá, mientras estaba sentado a manteles negociando cocaína con miembros de un cartel mexicano, después de la firma del acuerdo con las Farc, lo cual lo ponía de patitas en una cárcel de Estados Unidos.
El dossier Santrich-Bermeo-cartel mexicano de la droga resultó cuestionado por el procurador, quien dijo saber que hace unos días la DEA había enviado una carta a la Fiscalía advirtiendo sobre la posible existencia de un grupo de personas para delinquir e incidir en las decisiones judiciales de la JEP.
Se sabe ya que la entrega de los 500 mil dólares para sobornar a Bermeo, con la intermediación del exsenador de Convergencia Ciudadana El Tuerto Gil y de Orlando Villamizar, fue una operación autorizada y controlada por la Fiscalía y era una diligencia con todas las de la ley para capturar a los implicados. Ahora, el asunto Santrich cambia cuando el procurador judicial hace el análisis durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en Paloquemao.
Por lo pronto no hay evidencia de que Bermeo y el exparamilitar el Tuerto Gil hayan traficado influencias ante la JEP, hasta ahora el beneficio que buscaban era absolutamente económico y sobre la hipótesis de la Fiscalía relacionada con otros participantes en el hecho delictivo, como un magistrado y un secretario, el Ministerio Público lo descarto porque no hay evidencia de esa afirmación.
En estricto derecho no están probadas las conductas de tráfico de influencias, ni la concreción del tráfico de drogas. Tampoco que la detención del fiscal Bermeo tenga conexión con el trámite de la solicitud de extradición de Santrich. Un inmenso enredo jurídico en una tramoya colombiana, en la que la verdad se escabulle entre un pronunciamiento y otro. Tan acostumbrados estamos a las mentiras, que aun siendo presumiblemente cierto lo que tenemos ante nuestras narices, lo ponemos en duda. Razones hay.
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