No concuerdo con quienes afirman que Gustavo Petro padece delirio persecutorio cuando considera que desde la destitución del exprocurador Ordoñez hasta la sanción del contralor de Bogotá, pasando por la decisión de la Corte Constitucional de validar la pérdida de los derechos políticos por condenas fiscales, hay la intencionalidad de retirarlo de la vida electoral, pues a alguna gente le aterra que pueda ganar la Presidencia de la República en el 2022. Humberto De la Calle, Rodrigo Lara y Daniel Coronell, desde orillas distintas, no comparten las maniobras para sacar a Petro del ring de la política.
Sus contradictores dicen que Petro solo acata los fallos que le convienen y que los desfavorables los responde con la desobediencia, la calle y el mitin revoltoso. Pero, en el caso de Ordoñez, que lo destituyó de la Alcaldía de Bogotá por el manejo de las basuras e inhabilitó por 15 años, no fueron solo las concentraciones populares las que regresaron al puesto al exalcalde progresista. Incidió de manera decisiva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recomendó al Estado colombiano, suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tumbara la sanción con la tesis de que un ente administrativo no tiene la potestad para remover del cargo a un ciudadano elegido por voto popular.
Posteriormente, el Consejo de Estado sentenció que el cambio en el esquema de las basuras se ajustaba a las normas e interpretó lo dispuesto por la CIDH. Incorporar los recicladores a dicho esquema fue uno de los logros de Petro en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.
En el caso del contralor de Bogotá, la sanción se basa en que el exalcalde produjo un detrimento patrimonial a la ciudad al rebajar las tarifas de Transmilenio. Esta medida fue suspendida por un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero el Consejo de Estado determinó, hace días, que tal suspensión debe ser ratificada en sala plena del tribunal.
Es cierto que la decisión de Petro fue técnicamente controversial. Varios expertos no la compartieron. Incluso después su administración reajustó las tarifas. Pero aun asumiendo que llegara a confirmarse la multa en la jurisdicción administrativa, no puede admitirse que por una sanción fiscal vayan a despojar al máximo dirigente de la Colombia Humana del derecho a elegir y ser elegido. Que es el sintomático mensaje de la Corte Constitucional en un fallo donde la votación fue 5 contra 4. Los magistrados minoritarios defendieron el planteamiento de que solo las condenas penales deben ser causales de inhabilidad política.
El encarcelamiento de Lula dejó una lección: los fallos de los jueces no se frenan solo con las masas populares. Con las armas judiciales podrían, sin duda, quitarle a la democracia un líder de la dimensión de Petro. Pero sería “un error”, como trinó De la Calle.
@HoracioBrieva
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