El reto penal del Atlántico
Enfrentar la avalancha criminal exige un aparato penal fuerte. Que implica más jueces, fiscales, investigadores, policías, arquitecturas idóneas, cárceles que no sean mazmorras y herramientas para que los operadores judiciales cumplan de manera eficaz y eficiente con la misión de administrar justicia.
El viernes pasado se realizó un magnífico evento de socialización y capacitación de la especialidad penal del Atlántico en el marco de la implementación - con fines de certificación - del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente (Sigcma).
Enfrentar la avalancha criminal exige un aparato penal fuerte. Que implica más jueces, fiscales, investigadores, policías, arquitecturas idóneas, cárceles que no sean mazmorras y herramientas para que los operadores judiciales cumplan de manera eficaz y eficiente con la misión de administrar justicia. Como el más importante de los servicios públicos es la justicia, esto debería expresarse en enormes inversiones, pero ni la plata ni las decisiones del Estado logran fluir con la velocidad que reclama la sociedad para que el castigo ejemplarizante desaliente a la delincuencia y de confianza tranquilizante a los ciudadanos.
En este contexto, destaco la importancia del convenio para implementar el Sigcma en la justicia penal avalado por el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la magistrada líder del Sigcma, Martha Lucía Olano, y por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.
Se implementarán la norma NTC ISO 9001:2015, la norma y guía técnica de la Rama Judicial NTC ISO 6256:2021 y GTC 286, y el Sistema de Gestión Antisoborno fundamentado en la norma NTC ISO 37001:2016. El Sigcma apunta a la estandarización, normalización y mejora continua de los procesos inherentes a la gestión judicial sin tocar las decisiones ni la autonomía de los jueces.
El compromiso de la magistrada Martha Lucía Olano y de la gobernadora Elsa Noguera lo secundan el secretario del Interior, Yesid Turbay; el secretario Privado, Guillermo Polo; el coordinador nacional del Sigcma, William Espinosa Santamaría; el director seccional de Administración Judicial, Carlos Guzmán; las magistradas del Consejo Seccional de la Judicatura, Olga Ramírez y Claudia Expósito; el Tribunal Superior del Atlántico, y los jueces y empleados de la especialidad penal.
El alcalde Jaime Pumarejo Heins debería respaldar esta iniciativa de apoyo a los despachos penales. La ciudad es hoy un trágico domicilio de la extorsión, el homicidio y el hurto, y esos delitos - que se han convertido en un tormento público - exigen superiores capacidades penales. También los alcaldes del área metropolitana deberían animarse a concurrir en el mismo propósito estratégico de optimizar el trabajo de la especialidad penal. Barranquilla, Soledad y Malambo son el eje de la actividad delictiva como lo prueba la estadística policial: allí se requieren las mayores fortalezas anticrimen.
@HoracioBrieva
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