En 2016 y 2017, la Fundación Protransparencia, en alianza con la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico, hizo unos diagnósticos sobre el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Esa cruda radiografía evidenció que este está colapsado porque, año tras año, los delitos van en aumento y la capacidad del sistema se ha estancado llegando a su respuesta límite. No da más.

El Distrito Judicial de Barranquilla representa el 6% de la población nacional, pero genera el 16% de los procesos penales en Colombia, y desde 2010 a hoy la demanda de justicia penal en este Distrito se ha incrementado en un 80% y la acumulación de procesos creció en un 111%, lo que ha originado congestión, impunidad y falta de confianza de la ciudadanía en el sistema penal acusatorio.

En ese contexto emerge este terrible dato: el 73% de los reclusos (procesados y condenados) tiene menos de 40 años. Quiere decir que la conflictividad social tiene en la juventud a su principal protagonista, y frente a este problema no hay intervenciones de gran y positivo impacto. A muchos jóvenes se los está engullendo la ‘anaconda’ de la delincuencia, mientras Barranquilla se ocupa, preferencialmente, de canalizar los arroyos.

Ante este panorama del SPA, a Protransparencia se le encomendó en 2018 la tarea de elaborar un plan quinquenal de inversiones para el sistema penal en el Atlántico, cuya concreción implica la concurrencia de esfuerzos y recursos presupuestales de las entidades que participan en la persecución y sanción del delito, y de las autoridades administrativas del orden nacional, departamental y local.

La propuesta de plan de inversiones para el SPA, incluyendo adicionalmente la justicia cercana al ciudadano, sugiere una asignación de 1,8 billones de pesos en cinco años (2019-2023), y contempla, entre otras soluciones, el aumento de investigadores, fiscales y jueces, de cupos carcelarios e inversiones en tecnología a fin de reducir  el cruce de agendas entre quienes llevan los procesos penales.

Es cierto que para atacar las raíces estructurales de la conflictividad social, que produce toda suerte de delitos, lo conducente es fortalecer la inversión en desarrollo humano y generar más oportunidades, pero eso no se contrapone a las inversiones que se requieren para optimizar la justicia cercana al ciudadano y todo el SPA, cuyo último eslabón, el sistema carcelario, hoy es un verdadero cataclismo a causa del hacinamiento que maltrata los derechos humanos de los presos e impide la resocialización. En nuestras cárceles, el confinamiento solitario, que debería ser la regla, es un privilegio al que solo pueden acceder los que disponen de medios económicos. 
1,8 billones en un quinquenio son viables y posibles si hay voluntad en todos los actores intervinientes. De lo contrario, preparémonos para la hecatombe total del sistema penal. No les quepa la menor duda.

@HoracioBrieva