Contravía a la reactivación
Tres propuestas de distintos orígenes amenazan con lesionar el proceso de reactivación económica que tiene en la construcción de infraestructura para el transporte terrestre, un sólido soporte por su efecto en la recuperación de los sectores de su extensa cadena de valor, la competitividad y la generación de empleo.
La primera amenaza es la solicitud de algunos transportadores de que se suspenda el cobro de peajes en las carreteras. No cobrar esta tasa de retribución, que solo paga quien usa las vías, dejaría sin opción la ejecución de este tipo de obras, llevaría a incumplir los compromisos vigentes con quienes las financian, destruiría la confianza de los inversionistas, y condenaría a los empresarios del agro, el turismo, la industria y el comercio exterior a mayores costos en sus operaciones, a trasladarlos a los compradores de sus productos, bienes y servicios, y a limitar su capacidad de competir en mercados cada vez más exigentes.
La segunda amenaza es el proyecto reglamentario que modificaría el Decreto 1082 de 2015 al introducir nuevos procedimientos y condiciones para la presentación y trámite de iniciativas privadas. El cambio más preocupante, tiene que ver con calificar como desembolso de recursos públicos, para efectos de la remuneración a los contratistas, las sumas de dinero que sean provisionadas en el fondo de contingencias.
Ello significa que el Estado no asumiría riesgos en proyectos de iniciativa privada que tengan una provisión en el fondo de contingencias, y eso generaría riesgos insalvables para los inversionistas particulares a tal punto que perderían interés en formular propuestas de este tipo.
La tercera amenaza está contenida en la Ley 2069 de 2020, conocida como la Ley de Emprendimiento, que incluye la vinculación laboral de población vulnerable como condición para obtener puntajes adicionales y como factor de desempate al momento de adjudicar contratos estatales. Para cumplir con ese nuevo requerimiento las PYMES tendrían que incrementar sus costos laborales, lo que contradice el objeto de dicha ley de propiciar “el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas”.
Se desconoce así el principio de selección objetiva aplicable al estatuto de contratación pública dado que la experiencia e idoneidad de los proponentes ya no serán los factores que primarán en la adjudicación de los contratos, sino la vinculación laboral de población vulnerable. Un riesgo que el país no puede asumir.
Le corresponde al Gobierno nacional rechazar públicamente la propuesta del no cobro de los peajes, corregir cualquier cambio en el Decreto 1082 de 2015 que desincentive la presentación de proyectos de interés general por parte de los originadores, y eximir al sector de Infraestructura de los inconvenientes que trae la Ley de Emprendimiento.
Director Ejecutivo Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte
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