El fin de semana pasado fui invitado por la doctora Vilma Riaño a participar en un conversatorio que haría el doctor Carlos Newball a estudiantes de Educación Infantil de la Universidad del Atlántico y de Derecho de la Universidad Libre, dentro de la asignatura Proceso de Interacción Familiar y Comunitaria, conversatorio que me dejaría gratamente entusiasmado porque sentí, por fin, que hay otros profesionales enfrentando desde sus especialidades el flagelo del abuso sexual infantil, algo que se volvió endémico en la ciudad y el país. También me entusiasmó la asistencia masiva de estudiantes de los dos programas y su actitud atenta para ir conociendo las verdaderas dimensiones del fenómeno.
Esta presentación es el cierre con broche de oro de los programas para crear un mejor conocimiento a partir de la retroalimentación entre ellos, una creación de la doctora Riaño, docente en ambos en asignaturas de legislación y procesos de interacción familiar y comunitarios, en la Libre lidera un semillero llamado Derecho Infancia y Adolescencia (DIA). El doctor Newball es fiscal y coordinador del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).
Lo gratificante para mí fue enterarme de la existencia de programas, estudios, protocolos, que cada vez se cualifican mejor para ofrecer una ayuda eficaz a las víctimas. Dos me resultaron impactantes, el Protocolo para la Investigación y Judicialización, y el Protocolo para Docentes, este último se consigue en la Secretaría de Educación de la Gobernación. Esto demuestra que se está trabajando a unos niveles importantes que producen este tipo de materiales que la comunidad en general debe conocer para poder acudir en busca de ayuda. El de los docentes me parece pertinente porque los colegios son escenarios donde, con mucha frecuencia, se enteran primero los profesores que los padres sobre un menor abusado; contar con una herramienta de esta naturaleza tiene un enorme valor, ya que puede acelerar los procesos de atención y tratamiento. Ya tengo qué recomendarles a los profesores cuando acuden a mi consulta.
Así mismo, tengo dónde remitir a las víctimas y sus familias y acabar con mi anterior incomodidad cuando regresaban a la consulta y narraban cómo habían sido revictimizadas en los sitios a los que acudían por no contar con personas idóneas para el manejo de algo tan delicado. Caivas debe llenar ese vacío asistencial al nivel profesional que puede ofrecer un fiscal como coordinador de una unidad que ofrece un protocolo de investigación que ha sido elaborado con base en la realidad de nuestro país, que es un verdadero laboratorio de estrés postraumático en el que hay una frecuencia estadística que duele al pensar la cantidad de niñas y niños que están siendo abusados hoy, “sucede en las mejores familias”.
Se están haciendo cosas para enfrentar a este monstruo del abuso, es un deber difundirlas.
haroldomartinez@hotmail.com
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