Fueron muchas las opciones para el título de esta columna. También le cabían “perverso”, “repugnante”, “indignante”, “inicuo”, “torpe”, o cualquier otro parecido, pues ella se refiere al reciente fallo en el que la Corte Suprema condenó a la cárcel, al pago de una brutal multa y a la suspensión profesional al doctor José Édgar Duque, uno de los más respetados patólogos del país.

Laboran en nuestro aparato judicial innumerables hombres y mujeres de gran valor, honradez y amor por la justicia. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de muchos de los magistrados de nuestras altas cortes, ya que en nuestra justicia politizada son otras las consideraciones que determinan el ascenso a sus elevadas posiciones. Con el fallo contra el doctor Duque, pareciera que esos personajes han resuelto pasar de condenar a los militares que defienden a Colombia a condenar a los médicos que salvan las vidas de los colombianos.

La Asociación Colombiana de Patología (ACP), la Sociedad Latinoamericana de Patología (SLAP) y la Unión Gremial de Médicos Ginecólogos y Obstetras respaldan al médico Duque. Afirma el presidente de la SLAP: “El diagnóstico en medicina y, particularmente, en patología depende de complejas variables objetivas y subjetivas que ninguna técnica adicional, por muy refinada que sea, puede resolver en múltiples circunstancias. Como es natural en toda acción humana, hay un margen de error donde puede caer hasta el más eminente profesional… La honorable Corte Suprema … criminaliza un error en diagnóstico realizado por un apreciado miembro de la ACP, quien con la más alta solvencia profesional y ética contribuyó por más de 40 años a la formación de profesionales médicos y especialistas en patología en un ejercicio comprometido con la academia y la investigación, sin tacha o sesgo alguno que hubiese generado duda sobre su sabio ejercer hipocrático en esta rama de la medicina”.

A pesar de lo acostumbrados que estamos a los fallos torticeros de nuestra justicia, este debe ocasionar el más firme rechazo. Aparte de la obvia solidaridad que despierta con el injustamente condenado doctor Duque, la criminalización del ejercicio de la medicina es de una trascendencia inconmensurable para el futuro de nuestro sistema de salud. No escapa ni al más corto de entendederas que las primas de los seguros de responsabilidad civil de los médicos se dispararán hasta niveles nunca imaginados, imponiéndole una enorme carga financiera adicional a un sistema que ya hoy enfrenta un déficit de varios billones de pesos. Peor aún, ante la amenaza de la cárcel, la reacción humana lógica en los profesionales de la salud será postergar en lo posible sus actuaciones, además de ordenar multitudes de exámenes adicionales, con lo cual no solo se le añadirá mayor costo al servicio sino que correrán mayores riesgos los pacientes.

Y hay un efecto adicional que los honorables magistrados harían bien en considerar. Los colombianos debemos acatar sus fallos, y así hacemos. Pero para que los respetemos, ellos deben ser respetables. En la medida en que la justicia siga condenando inocentes y liberando criminales, el respeto que los colombianos sintamos por ella no podrá más que disminuir. No es fácil entender que la misma corte que condena a un médico ejemplar, que ha dedicado su vida a salvar las de los colombianos, es la que se negó a abrirle una investigación seria a Teodora.

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