¿Para dónde va Colombia?
Dialogar, dialogar y dialogar no puede ser un lema ni bandera política. Marchar, marchar y marchar no puede convertirse en un deporte nacional.
En esta nueva tragedia que vive el pueblo colombiano por culpa del paro nacional, que ya cumple casi un mes, con su diabólico bloqueo de carreteras, hay un ganador y un perdedor. El ganador es el covid 19 que ya supera los 83.000 muertos; y un perdedor, el pueblo colombiano, que se empobrece más, el desempleo se dispara y las empresas se quiebran.
Vale aclarar que el bloqueo de carreteras y otros actos que impiden la libre circulación de las personas y alimentos, son actos ilegales, que frente a ellos el Presidente de la República, los gobernadores y alcaldes tienen las herramientas jurídicas que les ofrece la Constitución Política. Otra cosa es la protesta pacífica que es un derecho garantizado que tiene todo ciudadano frente al mal manejo político que ha tenido el país: hambre, desempleo y corrupción extrema y una juventud que marcha y grita, sin norte ni sur, sin presente y sin futuro. ¡Diálogo, diálogo, diálogo!, pide el pueblo. Dialogar es el camino. Pero, no diálogos de sordos que no conducen a ninguna parte.
A la protesta pacífica hay que ponerle orden. De lo contrario tendremos un circo. Por ejemplo, el Comité Central debe ser uno sólo, con una Agenda, seria y viable política, presupuestal y jurídicamente, donde lleven ante el gobierno central uno o dos puntos por cada sector, así: renta básica, educación, salud, reforma del Congreso de la República, peajes, reforma de la Policía, derechos humanos, el agro colombiano, entre otras. Todos estos temas necesitan dinero. ¿Dónde está ese dinero?
Lo único cierto es que todas estas peticiones del pliego las tramita el gobierno nacional y el Congreso de la República, pues así lo establece la Constitución Política. Los gobernadores y alcaldes no tienen competencia para ello. Por ejemplo, los transportadores protestan por los altos costos de los peajes, que es una petición justa, si tenemos en cuenta el precio de la gasolina y el costo de los repuestos de los vehículos. Pero, eliminar o reducir los peajes no es viable jurídicamente, pues se trata de unas concesiones con unos contratos firmados. Si un gobierno irresponsable y populista se atreve a dar por terminado esos contratos anticipadamente, tendría el Estado que pagar una millonaria indemnización que saldrá del bolsillo de todos los colombianos.
Podría haber un alivio del precio en los peajes, y la diferencia del valor asumirlo con el presupuesto nacional. Pero esta figura también debe contar con el respaldo de una ley que estudie y apruebe el Congreso de la República.
Dialogar, dialogar y dialogar no puede ser un lema ni bandera política. Marchar, marchar y marchar no puede convertirse en un deporte nacional. Hay que protestar y dialogar, con responsabilidad y orden. Lo demás es una locura colectiva en un Estado fallido y sin frenos. Podemos convertirnos en el manicomio más grande del mundo. Como dice J. Balvin en su disco: tú me tienes loco…loco contigo.
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