Cada día que pasa Colombia se parece más a Venezuela, en cuanto a su pobreza, sin que se haya producido un cambio en la dirección política del Estado, pues todo sigue en manos de quienes han manejado el poder en estos 200 años de independencia.

Recordemos que en Venezuela hubo un cambio drástico a partir de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989- 1993), cuando se dio el “Caracazo”, producto de la implementación de las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que generó descontento, en un pueblo acostumbrado a los subsidios, a la vida fácil y al lujo. Por Caracas entraba la última moda. Esta situación de crisis social se mantuvo durante el gobierno de Rafael Caldera (1994- 1999). Pero llegó el colapso del sistema bancario y la quiebra del sistema empresarial, el aumento del desempleo y la fuga de capitales. 

Estos antecedentes fueron aprovechados por el líder populista, Hugo Chávez, quien ganó las elecciones el 6 de diciembre de 1998, en un país castigado por la desigualdad, la corrupción y el desprestigio de su clase política. Sin embargo, debemos aclarar que esa corrupción no llegaba al 50% de la corrupción que está viviendo actualmente Colombia. Allá tenían el coletazo del “Caracazo”; aquí, las protestas, el vandalismo y el saqueo de los dineros públicos. 

El reciente escándalo del Ministerio TIC, sobre el contrato con el Consorcio Centros Poblados es una parte del disparate presupuestal que se cocinó en esa entidad. Recientemente el Noticiero de televisión CM& reveló un convenio por 25.000 millones de pesos suscrito con el Area Metropolitana de Barranquilla donde, según la Contraloría, están embolatados unos 6.000 millones de pesos. De igual manera, Germán Vargas Lleras, en su columna en El Tiempo (septiembre 15/21) denunció los contratos irregulares realizados por la empresa 4-72, entidad vinculada a dicho Ministerio.

En esta danza de los billones está el contrato por $1.2 billones de pesos que le adjudicaron a la firma Thomas Greg &Sons, empresa que ha ganado las licitaciones para las últimas 12 elecciones, suscrito por la Registraduría, para el software y la logística de las elecciones del 2022. 

Además, el contrato de un billón de pesos de la alcaldía de Barranquilla para la siembra de 250.000 árboles y el contrato de concesión para la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por 610.000 millones de pesos, con muchas fallas técnicas. 

Este escenario de corrupción desesperada que estamos observando pueden servir de motivo para que el pueblo colombiano, en un acto de locura colectiva, vote por un Superman latino que prometa un nuevo Paraíso Terrenal.

Mientras tanto, el mensaje que se capta en el ambiente político es que el barco se está hundiendo y las ratas saltan, cargadas de dólares, para escaparse. 

¿Racumin o Rodilón? ¡No señor! El veneno más efectivo es la cédula de ciudadanía.