De “nauseabundas”, calificó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, las revelaciones que hará sobre corrupción electoral. Eso sí, la información será entregada después de la segunda vuelta electoral del domingo 17 de junio próximo. De esa manera, el funcionario que más susto produce entre políticos, empleados públicos y cacaos, previno a la opinión pública.

La amenaza de tal “revelación” la hizo cuando todo el ojo de la prensa caía sobre él, durante el Congreso contra el lavado de activos realizado en Cartagena. Y condimentó el anuncio del plato fuerte con otras especias: “El país va a quedar escandalizado cuando se conozca la dimensión de la corrupción electoral”. E insistió con más aliño: ¡Nauseabunda!”.

Pero “el coco” de la justicia creó una situación particular con estos anuncios intimidatorios y su acción podría quedar tipificada como Dolo Eventual, una conducta establecida en el artículo 22 del Código Penal, y el cual señala que: “La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”.

Y hay otro artículo, el 23, que señala: “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”. En este caso podría incurrir en Dolo Culposo. Sobre estas dos normas, es pertinente recordar lo dicho por el funcionario, en el sentido de por qué no hace las revelaciones en este momento, sino que anuncia publicarlas después de que se defina la presidencia. Sobre el Fiscal coquetea también el Prevaricato por Omisión.

Este manejo de la información por parte de Martínez es censurable por el tratamiento de una situación tan sensible como lo es la elección presidencial y por la jerarquía que él tiene como funcionario público. Y aquí vale la pena recordar lo que un anterior Fiscal General hizo con espectacularidad cinematográfica cuando acusó de cómplice de las Farc al diputado del Valle, Sigilfredo López, y después pidió excusas.

Aunque algunos reconocidos penalistas de la ciudad consideran que Martínez se refiere al fraude cometido, no al fraude por cometer. Por lo tanto se debe asumir que tiene el caso judicializado y lo hará público posteriormente. En beneficio del Fiscal podría considerase que está investigando un delito cometido, pero el tono con el que habló en Cartagena produjo mucha incertidumbre. Habría que ver, además, si las declaraciones afectan la validez de los comicios. Voces más reposadas señalan que debemos ser cautos y esperar. Pero solo hay que recordar principios legales como el de conocer de un delito y no evitarlo teniendo la obligación de hacerlo, equivale a producirlo, sobre todo cuando se tiene la posición de garante.

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