Como desde los tiempos de Pompeya, tenemos problemas sin fin. El listado es extenso. Desde temas de corrupción, antidemocracia y desinstitucionalización como el mal funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, un fiscal que es elegido por ser amigo del Presidente y niega que es nombrado por eso, la corrupción con el avión presidencial, dejar a Aida Merlano en Venezuela para no untar a medio mundo de la política colombiana, las propuestas intencionadas de debate sobre el voto para policías y militares, y ampliar el periodo para alcaldes y gobernadores. Así mismo, las manifestaciones tramposas del Gobierno que frente a las protestas ciudadanas dice que no ha presentado y no piensa presentar reformas pensionales o laborales, y hoy las hace sin pudor, en nombre de las compañías privadas de pensión y del sector empresarial. También, las estafas sistemáticas y permanentes de los bancos que se ocultan con leyes inocuas que formalizan lo que los bancos ya hacen. A ello ahora se suman las declaraciones cínicas de Ernesto Samper que por lo menos nos confiesa y nos revela que en las campañas electorales ya no solo ingresan dineros ilícitos, sino que sirven de plataforma para el lavado de dólares provenientes del narcotráfico. Y a nivel social, los ciudadanos por cuenta del coronavirus alimentamos la xenofobia contra la China y la cultura oriental; nos despistan con escandalosos espectáculos de periodistas que se han tomado medios importantes de comunicación para hacer rabiosamente cátedra antidemocrática de mañana a noche; el odio a las mujeres que reclaman que se respeten sus derechos y su autonomía para decidir sobre su vida y su cuerpo; y los cientos de incendios de nuestras reservas naturales.

Pero mientras todo eso se da, o es orquestado, el país lentamente y con paso firme se vuelve a paramilitarizar, o mejor se reparapolitiza la sociedad, desde La Guajira hasta Nariño. Y sin ningún reato se va convirtiendo la ilusión de la paz en un nuevo baño de sangre. Por ello el pronunciamiento de voceros de la Organización de Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos, las masacres y asesinatos de líderes sociales disparadas en 2019 e incrementadas en 2020 a casi uno por día, y los abusos del ESMAD cuando confronta con violencia excesiva las siempre legítimas protestas ciudadanas, son la expresión de todos los enclaves autoritarios en lo público y en lo privado, que refleja ya una incontenible paramilitarización de nuevo cuño. Y al Gobierno sólo se le ocurre hacer lo mismo que el régimen venezolano señalando que las Naciones Unidas están interviniendo en asuntos internos de Colombia, como si la violación de derechos humanos, donde quiera que ella ocurra, no fuese una preocupación de toda la humanidad. Pero si el Estado y el gobierno colombiano no pueden o no quieren respetar y cumplir los compromisos que adquirieron nos llevarán a un nuevo conflicto, a la guerra, que tanto han querido ideológicamente negar, para al mismo tiempo seguir negándolo. 

El permanente negacionismo del conflicto acompañado de la permisividad, la omisión, el silencio y la inactividad frente a la violación de los derechos humanos son un aliciente para el deterioro que sigue. De nuestra actitud y esperanza depende que esta tendencia se pueda revertir.