Se dice que todo sistema democrático tiene como piedra angular la libertad, la igualdad, la justicia de sus instituciones y la cultura política ciudadana erigida en la transparencia, inclusión, confianza, compromiso y tolerancia. La justicia que se vive en una sociedad debe responder a estos principios y valores, pues ellos deben reflejarse en el orden legal y en las instituciones formales e informales que guían todas las actividades y actitudes humanas, incluida la política. 

En la Grecia antigua se asumía que la política era todo e incluía lo social. Hoy entendemos que es la política que se incluye en lo social. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia como una expresión de la institucionalidad democrática en la sociedad colombiana, integrada por jueces que imparten justicia, ha visto comprometida su labor por no encontrar un consenso interno para su propio funcionamiento. Es de conocimiento público que ella está integrada por 23 magistrados que deciden un asunto por 16 votos como mínimo; y que cuando le faltan miembros a esta corporación, el procedimiento para nombrarlos es la cooptación. Actualmente la Corte Suprema está reducida a 16 miembros por su imposibilidad para nombrar los faltantes, paralizando las decisiones de este máximo tribunal de justicia, dado que se encuentra con el número exacto y mínimo de 16 magistrados necesarios para emitir fallos de justicia o cumplir funciones de elección, como es el caso del nombramiento del Fiscal General de la Nación.

Y en la labor de impartir justicia, enfrenta una alta impunidad superior al 90%. Y cuando no hay justicia en una sociedad, entonces hay injusticia para la mayoría y beneficios para unos pocos, se acentúa la corrupción generalizada y se presenta un desarreglo institucional tan fuerte en su interior que se autobloquea. Lo más grave es que termina dejando al sistema judicial sin el más importante instrumento para contener la corrupción de los otros aparatos del Estado, particularmente allí (el Congreso y el Gobierno) en donde hacen masiva presencia funcionarios y dirigentes políticos que, en los últimos 20 años, han teñido de corrupción el proceso político colombiano. Y de paso la situación de la Corte, su incompetencia, su impotencia y su transición a la parálisis sustantiva de su accionar, conducirá al poder ejecutivo a decidir despóticamente (para lo cual ya es proclive el actual gobierno), con el argumento de la excepcionalidad, a nombrar un Fiscal General de la Nación que prolongaría su mandato hasta bien avanzado el próximo gobierno.

Todo lo anterior, es posible pues la democracia que impera en la sociedad es a la vez social y política. El sistema social es el que genera o soporta el sistema político; entonces, la democracia también es lo que la política es, y esta es lo que puede ser la sociedad. Cuando analizamos cómo evoluciona la política colombiana con expresiones antidemocráticas, entonces cómo se quiere que la sociedad, que el sistema social, sea democrático, si la política en la sociedad no lo es tanto. Teníamos la esperanza de que al menos la política fuese suficientemente democrática; y si no, la sociedad no puede serlo.

La justicia es la piedra angular de una sociedad estable y legítima, pero si no es funcional y democrática, lo será de la antidemocracia. La superación de la crisis de la Corte Suprema de Justicia es un reto que ayudará a definir el futuro de Colombia; pero al frente, en el horizonte, se sigue observando cómo este país vacila entre mejorar y desarrollar la democracia o consolidar sus enclaves autoritarios y la injusticia formal e informal.