El Heraldo
Opinión

Jóvenes sin democracia

Leamos a los jóvenes en un país en el que la democracia apenas se esboza. 

A la polarización y fragmentación se suma la fractura de los jóvenes con las instituciones, gobierno y organizaciones de seguridad. Quienes por falta de lealtad con la sociedad creen que las conversaciones con los manifestantes permitirán al gobierno ganar tiempo sin resolver los problemas, deben saber que esto no parará ahí. A los ciudadanos que reclaman se les señala de querer destruirlo todo, pregonando que para construir todos debemos sacrificarnos, como si los manifestantes no aportasen al desarrollo y producción de riqueza e ingresos de la nación, de la cual son escasamente beneficiarios.

El reclamo de los jóvenes y sectores más excluidos es por el bien de todos y ayuda a construir una sociedad más solidaria. Es también hacia las instituciones desfazadas que requieren cambios. Según Castells, las explosiones sociales buscan emerger el debate de otras formas de vida y de cultura, en un contexto de profunda desconfianza “en sus parlamentarios, gobiernos y partidos políticos”. La ciudadanía siente que ella no existe para la clase política, la cual está ensimismada. La ciudadanía “de bien” se presenta como si existiese otra “de mal”. Hoy las élites son menos legítimas, y esto es grave.  Los ciudadanos están reducidos a un mercado de electores, solo convocados para votar y legitimar un poder al cual se someten.

Las actuales explosiones sociales son la consecuencia de una crisis de legitimidad, y a su vez la agudizan. Son expresiones de nuevos modos y tipos de vida que no encuentran asidero en una sociedad ultraconservadora y excluyente. Esta situación requiere de una pronta transformación antes de que el sistema político descienda a un nivel caótico e irreversible. La democracia no se reduce a instituciones y valores. Si las instituciones no se adaptan y articulan con los sectores invisibilizados, entonces, ahora o después, dichos sectores explotarán. Son preferibles estas manifestaciones; y si las demandas se tramitan oportuna y razonablemente, nos podrían evitar aventuras populistas autoritarias. La primera recomendación, para quienes ven enemigos en los pobres, es dejar de señalarlos y perseguirlos como provocadores profesionales, con el aparato estatal, controlado como propiedad privada, o con acciones paraestatales. Si bien puede haber infiltrados y vándalos, lo esencial es entender y respetar a quienes protestan, sin limitar, antidemocráticamente, el derecho a hacerlo y a no estar de acuerdo con el gobierno. Si los ciudadanos, movidos por rabia, frustración o abuso de las fuerzas policiales, se enfrentan a estas últimas, no los hace delincuentes. Hay que entender los problemas y buscar soluciones democráticas y leales. La lealtad gubernamental en las negociaciones no es solo con los grupos económicos, sino también con el resto de la sociedad.

Los jóvenes no son causa de violencia; son víctimas. No son culpables de la desinstitucionalización, desgaste y falta de confianza en los gobiernos, Congreso y partidos políticos precarios y en declive. La absorta clase gobernante solo acude a los ciudadanos al ritual electoral, cada 4 años.

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