Derecho a protestar
El debate entre el gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá, sobre los protocolos de la Policía para atender las protestas ciudadanas, es de vital relevancia, pues tiene que ver con la legitimidad constitucional de nuestros derechos. Si el sistema es democrático nadie debe preocuparse porque se vigile o se mida la legitimidad del ejercicio del poder.
Habíamos avanzando en la idea de que los derechos humanos son de todos, no de un grupo, ni contra alguien. Teníamos un acuerdo de origen sobre que el régimen no podía violar los derechos de la mayoría al mismo tiempo; y que cuando esa violación se presentase deberíamos reparar. José Thompson dice que en las democracias se tienen recursos que permiten hacer reclamos sobre los derechos violados. Teníamos una sociedad más incluyente y democrática, pero en los últimos años hemos retrocedido con la creciente violación de derechos políticos y sociales. Al parecer, el histórico autoritarismo colombiano nunca se ha replegado.
El debate entre el gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá, sobre los protocolos de la Policía para atender las protestas ciudadanas, es de vital relevancia, pues tiene que ver con la legitimidad constitucional de nuestros derechos. Si el sistema es democrático nadie debe preocuparse porque se vigile o se mida la legitimidad del ejercicio del poder. Debería existir la posibilidad de reclamar voluntad para investigar la violación que se cometa contra los derechos de los ciudadanos. Un régimen se vuelve autoritario cuando no permite que lo evalúen.
Cuando un gobierno sataniza la protesta ciudadana revela una tendencia hacia el autoritarismo. Aprovechar el reclamo ciudadano, sobre el derecho a que se respete su derecho a protestar, para cerrar los canales institucionales legítimos, so pretexto de actos indebidos, edifica y construye una percepción de la protesta como algo violento. La descalificación de la protesta busca que los ciudadanos guarden silencio, se comporten como borregos y admitan el poder sin cuestionamiento alguno. Se ha hecho una interpretación manipulada de la protesta, invirtiendo el problema del abuso de la fuerza legítima del Estado, para hacer ilegítima la protesta y limitar futuros reclamos ciudadanos. Recordemos que en Colombia se ha comprometido ideológicamente a las fuerzas de seguridad del Estado.
La negación de los derechos de las mayorías, frecuentemente es respaldada por sectores de la sociedad que buscan imponer sus sentimientos e intereses, anclados en sus creencias y prejuicios. Algunos sectores, en el poder, dan legitimidad adicional al odio para postrar a la sociedad, debilitando la libertad y descalificando todas las demandas sociales y políticas por inconvenientes. La legitimidad de un modelo de gobierno se refleja en el respeto a los derechos de los gobernados. La esencia de los sistemas democráticos son los ciudadanos con derechos. Sin derechos políticos el régimen no es democrático y el gobierno del momento tampoco podría aspirar a serlo. Si somos democráticos, deberíamos limitar el riesgo latente de violación de los derechos de la mayoría.
56Requerimos retomar y debatir sobre los derechos consagrados en la Constitución, defender y promover los derechos que creíamos conquistados para siempre, y cuidar lo construido frente a toda amenaza a los derechos y la libertad. Se trata de insistir en la separación de poderes, la independencia real de la justicia y la libertad plena.
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