En Colombia los derechos políticos vuelven a estar en la mira de los violentos, mientras se incrementan los riesgos por el ingreso de dineros ilegales y el uso de estructuras armadas al margen de la ley en la campaña.

A seis meses de los comicios locales de octubre, se confirman 80 casos de violencia electoral que involucran a 18 precandidatos. De ellos, cuatro han sido asesinados, uno está desaparecido y 13 amenazados. Datos de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.

Una violencia que, aunque no es nueva, confirma que las dinámicas propias de la criminalidad y el conflicto armado en las regiones, así como las prácticas clientelares y corruptas de buena parte de los clanes locales, marcan el derrotero de sus procesos electorales. 

“En Colombia la violencia es un mecanismo más de competencia electoral”, advierte este informe que reitera cómo las alianzas de sectores políticos con grupos armados ilegales siguen vigentes cuando se trata de sacar de la carrera electoral a los competidores, especialmente si estos son nuevos actores políticos o líderes sociales emergentes que buscan hacerle contrapeso a tradicionales sectores políticos.

Muchas de las amenazas, de acuerdo con el informe, responden a un reacomodamiento de fuerzas en varias zonas del país, fuerzas que están dentro de la legalidad y por fuera de ella, lo que está distorsionando por completo el escenario electoral. La violencia selectiva contra quienes aspiran a ser elegidos es un reflejo de la sistemática persecución que afrontan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en esas mismas regiones, entre ellas: Tolima, La Guajira, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Putumayo. Territorios que aparecen hoy sin Dios ni ley.

Los sectores políticos más amenazados son precisamente los que más crecen: los de oposición y los alineados con el actual gobierno de Iván Duque. Luego aparecen los partidos independientes y hay un elevado porcentaje de hechos de violencia electoral contra sectores que no están claramente definidos. La investigación indica que “no es posible encontrar un patrón de victimización nacional, sino que, por el contrario, esta violencia parece estar atada a dinámicas locales a excepción de lo que pasa con los movimientos de oposición”.

Tampoco es claro quiénes están detrás de esta violencia. Paz y Reconciliación atribuye buena parte de las amenazas contra precandidatos a las llamadas Águilas Negras, un grupo de extrema derecha; pero también están el Eln y las disidencias de las Farc, que tienen amplias bases sociales en las regiones. Con celeridad la Fiscalía General de la Nación debe identificar a los responsables de estos hechos, porque la impunidad solo genera más violencia política.

Sin importar su ideología, es su deber ciudadano denunciar cualquiera de estas formas de violencia que atentan contra la democracia. No basta con quejarnos, hay que arrinconar a los violentos, a los corruptos, a las mafias clientelistas que amenazan las elecciones. No sea un cómplice más.