Aunque la atención pública ha estado enfocada en los incrementos de las tarifas cobradas por el suministro de energía eléctrica en la Costa, el problema es nacional. En Cali, concretamente, la tarifa de $785,17 por kw-h que apareció en el recibo de cobro que recibí el mes pasado fue 37,8% más alta que la del recibo del mismo mes en 2021. Las normas que gobiernan estas alzas y que han permitido este absurdo aumento en los cobros son de carácter nacional.

Es evidente que los incrementos en los costos de operación de los distintos participantes en el suministro de energía eléctrica a los colombianos no justifican estas abusivas alzas. La excusa que se pretendió dar que ellas obedecían al encarecimiento del gas para los europeos nacido de la guerra en Ucrania insulta a la inteligencia. El 80% de la generación eléctrica colombiana es hidráulica y nosotros no dependemos para nuestro gas de un país enemigo. Lo que se ha dado en realidad es una masiva e injustificada transferencia de recursos de los usuarios a unos pocos operadores del sistema eléctrico.

El problema nace del carácter monopólico que tiene esta industria, a pesar del alto número de empresas que participan en ella. De estas. Unas 30 se dedican a la generación de la energía, unas 15 a su transmisión en las grandes redes del país, 33 a la distribución del servicio a las ciudades por medio de redes de baja tensión y 70 al eslabón final, la comercialización. Por la naturaleza del servicio, estas empresas se reparten los clientes territorialmente y el usuario domiciliario no tiene sino un oferente, mientras que el empresarial enfrenta en el mejor de los casos una oferta oligopólica. Son muchos los intermediarios, pero el consumidor enfrenta monopolios locales.

No hay mejor regulador de precios que la competencia. Pero cuando, como en este caso, ésta no existe, las autoridades deben establecer normas para la fijación de los precios que protejan al consumidor de abusos, sin interferir con el desarrollo empresarial. En este caso, las normas que gobiernan la formación de precios del sistema venían funcionando razonablemente bien. Con una estructura tarifaria altamente progresiva, en la que las tarifas de la mayoría de los usuarios ascienden apenas a un tercio de las de los estratos altos, el sistema venía operando sin mayores traumatismos y con una seria expansión de la capacidad.

Todo cambió a raíz de las distorsiones económicas creadas a nivel mundial por los aislamientos que tuvieron lugar durante la pandemia. Estas generaron un incremento enorme y anormal en el índice de precios al productor (IPP), el cual gobierna la mayoría de los aumentos en las tarifas en la cadena de distribución. La aplicación irreflexiva de este índice a las tarifas eléctricas generó el loco aumento que estas han sufrido. 

Ante una situación tan excepcional, se justifica plenamente la reciente intervención de la CREG para ajustar la regulación y devolver las tarifas eléctricas a niveles más lógicos. Un esquema de fijación de precios pensado para lograr justicia económica en condiciones normales no puede aplicarse en unas condiciones absolutamente excepcionales, y las modificaciones en vías de implementación, además de respetar la institucionalidad, son razonables.

Queda la pregunta: ¿cuándo les devolverán a los ciudadanos los sobrecobros que les hicieron durante el último año?