La versión final de la reforma que acaba de aprobarse, posiblemente la peor concebida y más inoportuna de las 22 que nos han clavado en los últimos 32 años, es suficientemente horripilante para alegrarse de no haber leído sus borradores. Aunque es totalmente democrática porque dañará severamente a todos los colombianos, desde los más pobres hasta los más pudientes, su faceta más preocupante es su brutal ataque al sector energético.

La producción de hidrocarburos es un negocio mundial, y las gigantescas multinacionales que están en él dirigen su capital y esfuerzo hacia los países que les son más redituables. Al estrangular tributariamente a la gallina de los huevos de oro, esta reforma relega a Colombia a la cola de los países de interés para ellas. Ya no se tratará de permisos o no permisos para explorar sino del desinterés por parte de quienes tienen el capital y los conocimientos para hacerlo. Que una ministra haga gala de virginal ignorancia sobre el tema no tiene la trascendencia de la dura realidad de una torpe tributación que puede hacer inviable el negocio.

Es obvio el efecto del deterioro a corto plazo de la producción de hidrocarburos en un país en el que el petróleo constituye el 40% de las exportaciones, el 20% de la inversión externa y cerca del 20% de los ingresos fiscales. El grave desmedro de nuestra balanza cambiaria está a la vuelta de la esquina, y los inversionistas extranjeros no son ciegos. Por eso, así suba, la demanda por el dólar se mantendrá.

Y por eso, la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos seguirán imponiendo a los colombianos reformas tributarias, cada vez más desatinadas, con el cuento de que aquí se pagan muy pocos impuestos?

Esta reforma era totalmente innecesaria, dado el acelerado crecimiento del ingreso tributario fruto de la reforma de 2019 y, particularmente, la factura electrónica.

El recaudo tributario en los primeros tres trimestres de 2022 ya superó al de todo 2021, y el total de 2022 excederá $230 billones. Esto es $43 billones y $32 billones por encima del estimado original y del estimado ajustado para el año, respectivamente.

Los ingresos tributarios crecerán este año cerca de 36% sobre 2021. Asumiendo que esta dinámica se reduzca a la mitad en 2023, a apenas 18%, el recaudo superará $270 billones en 2023.

Al adicionarles la recién aprobada reforma, se llevará el total de 2023 a más de $290 billones. Esto equivale a 22,5% del PIB colombiano proyectado en $1.287 millones para 2023 por el Banco Mundial, casi un punto sobre el porcentaje promedio de tributación latinoamericano de 21,8%.

Y, por eso: ¿hasta cuándo? En un país que ocupa el puesto 126 entre 140 en el capítulo de tasa impositiva total del Reporte Global de Competitividad, ¿hasta cuándo se seguirá bloqueando el desarrollo de Colombia aumentando la desaforada transferencia de recursos del sector productivo a un Estado cada vez más inflado, ineficiente y corrupto?