Los colombianos nuevamente nos veremos asaltados con otra reforma tributaria, la 16ª en los últimos 25 años y la tercera del gobierno en curso. Esto no es raro en un país al que la insaciable voracidad fiscalista lo ha llevado a ocupar el puesto 135 entre 137 en el capítulo de tasa impositiva total del Reporte Global de Competitividad. Lo grave es que suceda hoy, cuando el país se encuentra sumido en la profunda depresión económica resultante de las medidas tomadas a raíz del pánico con el virus chino SARS-COV 2.

Para salir de la crisis, Colombia debe robustecer la demanda que permita recuperar los millones de empleos perdidos durante los confinamientos. Esto no se hace imponiendo tributos sino reduciéndolos. Nadie ha sacado a un país de una recesión ahogándolo en impuestos, y para nadie es un secreto que en tiempos de crisis deben usarse políticas expansionistas.

Quienes empujan esta inoportuna reforma alegan que ella es necesaria para evitar una hipotética pérdida del ‘grado de inversión’ emitido por las calificadoras de crédito que, con sus erróneas calificaciones de los bonos hipotecarios de altísimo riesgo, jugaron tan escandaloso papel protagónico en la crisis financiera mundial de 2008. Esto lo pintan como gravísimo, y auguran que podría conducir a una reducción en la inversión extranjera y a un alza en las tasas de interés. Vale la pena aclarar este cuento.

Es cierto que al bajar del grado de inversión las tasas de interés suben. Pero ellas no aumentan en brincos dramáticos, sino en pequeños incrementos, en la medida en que la calificación disminuya. Además, en un escenario pandémico, en el que la mayoría de los países han disparado sus endeudamientos, las calificadoras se verán obligadas a reevaluar sus estándares, so pena de que se dé una oleada regional (y global) de caída de calificación de todos los riesgos soberanos.

En cuanto al efecto de la calificación sobre la inversión extranjera, Colombia no vio aumento cuando llegó a grado de inversión en 2011, ni es presumible que ella se caiga si lo pierde. La verdad es que el aumento de la inversión extranjera se empezó a presentar casi diez años antes de recibir el grado de inversión, y ha continuado muy estable desde entonces. De hecho, Fedesarrollo ha argumentado que esto se explica con las políticas de inserción en los mercados globales y, especialmente, con un proceso de consolidación de la seguridad nacional, que resultó en la recuperación de la confianza inversionista. La confianza inversionista sólida nace de la seguridad y de decisiones económicas serias.

Pero si sirviera para algo el grado de inversión, otra reforma tributaria es lo que lo pondría hoy en mayor riesgo. Finalmente, lo que determina la calificación de una economía es su fortaleza y su capacidad de desarrollo. Ellas se verán seriamente afectadas con la masiva trasferencia planteada con esta reforma de recursos del sector productivo, sus trabajadores y empresas, al sector público, con su ineficiencia y corrupción desbordadas.

Lo que debe hacerse es solucionar un problema a la vez, seguir adelante sin reformas, incluso si eso ocasiona la entrada en grado especulativo, y buscar con la reactivación económica un aumento en la productividad del trabajo. No es trasladando recursos de su sector más eficiente, el que produce, a su parásito, el Estado, como Colombia logrará la recuperación que tanto requiere.