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Columnas de opinión
Actualizado hace 5 meses

Economía subterránea (2)

Como lo ha establecido el FMI, la economía subterránea florece en países con instituciones débiles y con altísima regulación, taras ambas que Colombia sufre en grado sumo. Sepultada bajo una diarrea normativa que produjo 1.323 leyes, 17.000 decretos y 69.000 resoluciones entre 2000 y 2016, Colombia ocupa hoy el puesto 123 entre 137 países en cuanto a carga por regulaciones gubernamentales, según el Informe Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018. Y la debilidad de sus instituciones dan clara muestra de sus altas cortes, con su morosidad, su politización, sus carteles de venta de favores judiciales y su nepotismo rampante.

Por eso en 2017, la Anif estimaba la economía subterránea en Colombia en 40% del PIB, cifra con seguridad inferior a la realidad, pues le asigna a la economía ilegal una participación de apenas 6,3%. A fines del año pasado el negocio del narcotráfico ya se estimaba en un 5% del PIB y el de la minería ilegal del oro en más del 1%. Al añadir las demás actividades de nuestros hampones, como la corrupción administrativa, el contrabando, la extorsión, el robo, el secuestro o el tráfico de armas, se encontrará que la participación de las actividades criminales en el PIB es muy superior al 10%.

Más allá de ser un asunto de orden público, la dimensión de esa economía subterránea genera daños en la economía de todo el país –como el que le infiere el contrabando a la producción nacional– que son magnificados cuando las autoridades económicas y quienes formulan políticas de desarrollo desestiman ese submundo en sus análisis y proyecciones. Así, por ejemplo, si los modelos oficiales no incluyen en el flujo real de divisas las de los negocios ilícitos, se afectan las políticas cambiarias que impactan a los sectores legales. O si el PIB no incluye el valor de todo el gasto de quienes actúan en la informalidad, no corresponderá a la realidad y las decisiones sobre política económica pueden terminar afectando negativamente el desempeño de la economía legal, como a menudo sucede.

Progresivamente, los países serios hacen esfuerzos por contabilizar la informalidad, pues entienden que solo así se toman decisiones juiciosas al generar políticas para el crecimiento o para el control de la ilegalidad. En la Unión Europea, por ejemplo, en 2014 entró en vigencia una directriz para que los Estados miembros incluyan en los cálculos de sus PIB actividades como la prostitución, el tráfico de drogas ilícitas y el contrabando de alcohol y cigarrillos. Mientras nuestros economistas oficiales sigan pontificando desde su torre de marfil, aislados de las verdades de la economía subterránea, Colombia no tendrá la esperanza de emprender la verdadera senda del desarrollo. Y los colombianos sufriremos cada vez más normas confiscatorias como la reciente reforma tributaria.

Si en Colombia no se reconoce la dimensión de la economía subterránea, se seguirán diseñando políticas económicas que no contribuyen a la competitividad de los sectores legales responsables del crecimiento real. Tampoco será posible crear conciencia en el Estado sobre el efecto pernicioso de la sobrerregulación excesiva, que genera informalidad y frena el desarrollo del país. Y menos se valorará la importancia de fortalecer la institucionalidad, ante quienes son tolerantes con el delito y limitan la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen.

 

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