Lo vivido en Cali durante los últimos días no sucede, no puede suceder, en un país medianamente civilizado. Una ciudad sitiada, invadida por unas pequeñas bandas de ladrones y criminales de poca monta que, evidentemente coordinadas centralmente, la aíslan, bloquean la movilidad ciudadana y destruyen y saquean libremente cuanto establecimiento o vivienda les provoca. Y todo esto dentro de una escalofriante ausencia de autoridad. Porque, más que los hampones, lo que aterra a los ciudadanos de bien, que somos casi todos, es la pasividad e indolencia de quienes debieran estar defendiendo la paz ciudadana.

Que el alcalde no haya protegido a quienes aquí habitan y, por el contrario, haya buscado justificar el vandalismo y los atropellos que ellos sufren, no es extraño. Sus intereses son conocidos y, además, es sabido que no tiene de qué preocuparse mientras pueda seguir adjudicando contratos burlando las normas de contratación estatal. Aunque posiblemente no esté tan alejado de estos acontecimientos, como lo hace sospechar el manejo displicente que los operadores del MIO denunciaron haber recibido de la alcaldía y que condujo a que los terroristas pudieran destruir masivamente su equipo rodante.

Y que haya habido congresistas buscando multiplicar el daño y el terror tampoco es extraño. Comúnmente, en las democracias todos los estamentos de su sociedad se ven representados en sus cuerpos legislativos. Colombia no es excepción y, por eso, los bandidos tienen una nutrida representación en nuestro Congreso.

Esto es deplorable, más no objetable. Lo que es inaceptable es que algunos congresistas busquen usurpar la autoridad y le ordenen a la Policía liberar a los maleantes capturados en flagrancia. Y que, desde los blindados y con la protección que pagamos todos, se dediquen a estimular la agresividad y el odio entre los desadaptados que los siguen. Ese atrabiliario comportamiento debiera ser investigado por las autoridades competentes. Si las hay.

Lo que sí es sorprendente y muy preocupante es la falta de acción y evidente impotencia de las fuerzas del orden. Para empezar, es inaudito que, habiendo ya vivido una experiencia similar hace año y medio, hayan sido tomadas nuevamente por sorpresa por la acometida de los bandidos organizados para desestabilizar y aterrorizar a la ciudadanía. Mientras en ese lapso los delincuentes pulieron y refinaron sus tácticas de destrucción, robo y amedrentamiento, quienes deben defender a las instituciones y a los ciudadanos estaban en Babia, como si no supieran que todo lo sucedido es parte de un programa de largo plazo con claros fines políticos.

Y para completar, su inacción ante los hechos ha sido impresionante. Sabemos bien que nuestros policías y soldados son hombres y mujeres leales a nuestras instituciones que arriesgan su integridad física para defendernos a todos, pero que en buena medida están maniatados por disposiciones judiciales que ponen los derechos de los terroristas agresores por encima de los de sus víctimas. Pero eso no justifica que la ciudad lleve tantos días en poder de la barbarie.

Estamos ante acciones terroristas concertadas que deben ser enfrentadas con decisión por las autoridades. Si ellas no defienden a la ciudadanía de estos ataques, esta acabará armándose para defenderse. Y ahí sí, por la ausencia de Estado, habremos pasado de la anarquía que estamos viviendo al caos.