El siglo XXI es el siglo de los jueces”, dijo el magistrado Augusto Ibáñez, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una entrevista con el periodista Yamid Amat en septiembre de 2009. Corría el último año del segundo mandato de Álvaro Uribe y las Cortes Constitucional y Suprema eran consideradas como la última línea de defensa de la democracia colombiana frente a la segunda reelección. Ese apoyo ciudadano se reflejaba en su alta favorabilidad en las encuestas. 

Ocho años después el escenario no podía ser más diferente. La Fiscalía y la Corte Suprema en simultánea denuncian a Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, expresidentes de este tribunal, por haber exigido miles de millones de pesos a cambio de beneficiar investigados aforados en sus procesos. Congresistas y magistrados habrían pasado del “yo te elijo, tu me ayudas” al “yo te pago, tú me absuelves”.

Este escándalo es la cereza que le faltaba al pudín de la corrupción en 2017. El caso de la multinacional brasileña Odebrecht sigue creciendo con la captura del senador ‘Ñoño’ Elías e involucra a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, mientras que el anuncio de la Fiscalía está relacionado con el exfiscal anticorrupción Luis Moreno. Otra serie de casos regionales, como el del alcalde de Cartagena y de los magistrados del tribunal del Meta, se suman al desprestigio de la Justicia en Colombia. 

La desconfianza de los colombianos en la Justicia es un fenómeno que lleva varios años. Mientras en 2010 la Corte Constitucional tenía una imagen positiva del 67 por ciento, en la más reciente encuesta Gallup el máximo tribunal solo registraba 36 por ciento. La Corte Suprema y la Fiscalía registran caídas similares. De hecho, en ese mismo sondeo, la desfavorabilidad del sistema judicial colombiana llega al 80 por ciento: un punto porcentual menos que las Farc. Esta guerrilla y la Justicia tienen empate técnico en materia de imagen negativa dentro de los colombianos. 

El “siglo de los jueces” no duró un año. El deterioro de la percepción de la opinión pública sobre el sistema judicial no solo se explica por los carruseles de corrupción de magistrados y políticos que han sido evidenciados por los medios de comunicación ni por la resistencia de los altos tribunales a reformarse o a recortar su poder. También influye la ineficiencia y la ineptitud de una administración de Justicia que deja libres a los delincuentes, toma años para decidir, solo reacciona rápido ante los casos “célebres” en los medios, y es literalmente  para los de ruana”. 

El daño que hace al sistema democrático una Justicia corrupta, soberbia, politiquera y desconectada de las urgencias ciudadanas es incalculable. Mucho más grave en medio de la implementación de los acuerdos con las Farc en los que el Gobierno Santos negoció sacrificar Justicia a cambio de paz.

@pachomiranda