Para empezar, pongamos las cosas en perspectiva:

Hacia septiembre de 1990 “el manejo de los servicios públicos de Barranquilla estaba ‘plagado de inmoralidad e insolidaridad’, que se traducía en: ‘burocracia sin par, la oposición del sector privado a la instalación de medidores, y la falsificación de recibos de cobro”.

En declaraciones a la prensa nacional, el gerente Álvaro Dugand Donado revelaba que mientras la ciudad tenía contabilizados 130.000 suscriptores, solo contaba con 40.000 medidores.

La alteración de esos equipos estaba al orden del día: los ciudadanos les “echan agua caliente, arena o aisladores plásticos de tal forma que se dificulte la lectura o se obstruya su funcionamiento”.

Dugand lo describía con palabras certeras: “La moral no existe en la administración de la empresa y es escasa en los usuarios”.

Y no era para menos: el 20% del agua que servían a los hogares se perdía por fuga en unas redes que tenían 70 años de funcionamiento; otro 26 por ciento se perdía porque los usuarios, principalmente de los estratos altos, alteraban las redes.

De esa manera, la empresa debía facturar 25.000 millones de pesos y solo recibía 8.000 millones.

El periódico EL HERALDO, que no era ajeno a esa coyuntura, daba cuenta de una cobertura de 60% en acueducto y de un 50% en alcantarillado.

Las crónicas del día hablaban de las correndillas de la gente para agolparse alrededor de carrotanques que aparecían como mandados de Dios en horas de madrugada.

El columnista César Lorduy recreó también esos días: “Políticos construían redes y plantas por donde nunca pasó el agua, pero que cambiaban por votos. El nivel de pérdidas estaba en el 30% y, lo peor, los que recibían el servicio no pagaban; otros, con trampas, hasta lograban que les borraran las deudas”.

La nuestra, evidentemente, era una empresa inviable. 

Barranquilla, que aún fungía como Municipio, no podía con la administración de la compañía.

La Constitución de 1991, que debatiría un año después la suerte de esta y las demás empresas, le encargó al Estado –llámese Nación, Departamento o Municipios– la misión de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios (artículo 365) y ya no la de prestarlos.

Lo que hizo ese mandamiento fue abrir la puerta de la privatización, siempre bajo el objetivo de la eficiencia.

Barranquilla, por supuesto, era candidata para entrar en esa tendencia. Las cifras lo corroboraban. La crisis ya completaba 20 años. El Comité Intergremial lideraba un movimiento cívico para buscar soluciones a través de una nueva empresa y una firma que la operara.

En 1996 entraron a cumplir ese rol los españoles, a los que algún sector de la ciudad ha sindicado de despojo. Yo aún no veo ese pillaje, entre otras cosas porque nunca ha sido posible saquear la corrupción, la pobreza y la ineficiencia; pero sigo investigando. 

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@AlbertoMtinezM