En 1982 estalló una crisis en el sistema financiero colombiano, que obligó al Estado a intervenir el 75% de la banca privada, para sanearla y luego venderla a particulares.
Aunque, según la Contraloría, en esta operación perdió algo más de 6,5 billones de pesos, el país logró lo que por otros medios habría sido imposible: mantener la confianza del público.
Con Triple A de Barranquila pasó diferente. Ahora estábamos en presencia de un empresa problemática, que solo servía para animar el festín de contratos y burocracia de las familias políticas que gobernaban la ciudad, vale decir, Carbonell, Name, Martín Leyes, Slebi, Gerlein.
Para el Municipio podría resultar azaroso invertir en una compañía quebrada. Por eso, cuando la administración del presidente César Gaviria presionó la privatización de la empresa y los gremios consideraron que no había más opción, para Barranquilla representaba un desafío mantener un capital accionario equivalente al 85%. Máxime, si desde 1992 vendría una serie de capitalizaciones que exigían priorizar recursos.
La capitalización está definida por el Código de Comercio como una operación mediante la cual se aumenta el capital social de una compañía.
En el caso de la Triple A, los socios aprobaron tres para expandir los servicios en una ciudad donde solo la mitad de la población los tenía, honrar viejas deudas y redimir una emisión de bonos de más de 40.000 millones de pesos en poder de los pensionados.
Como en toda capitalización, si un socio pone más dinero que otro, aumenta sus derechos accionarios. Pues el Distrito decidió no meterse en el negocio y poco a poco pasó del 85% de las acciones a un poco menos del 15.
Los alcaldes de la época (Bolívar, George, Hoenisberg, Hoyos, Caiaffa) sabrán por qué. Los cierto es que la Triple A estaba aún muy lejos de ser ‘la joya de la corona’, como se le conoce por estos días.
Es más, cuando decidieron la capitalización de 1996, también le pidieron a la prestigiosa Corporación Financiera del Valle que activara la búsqueda de un socio operador calificado.
Y cuando Canal de Isabel II compra Inassa (el operador calificado) en 2001, sabe que la Triple A necesita un período de estabilidad de al menos diez años. Y los concede.
De manera que hay que distinguir varias cosas:
Lo primero es que la empresa empieza a ser rentable hace cinco años. La inversión privada es, esta vez, la que rescata una empresa pública. Ya era hora.
Lo segundo es que en ocasiones, como en el caso de la crisis financiera, más importante que la acumulación de capital económico es la rentabilidad social del Estado. De otra manera, ¿qué es mejor: tener muchas acciones en una empresa inoperante o pocas en una compañía que atiende eficazmente las demandas de la población?
Por lo demás, serán las investigaciones, si es que alguna vez empiezan, las que determinen si en las capitalizaciones, hasta ahora legítimas, hubo intereses oscuros. El resto es pura especulación.
albertomartinezmonterrosa@gmail.com @AlbertoMtinezM.
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