De nuevo el senador Álvaro Uribe Vélez es oficialmente vinculado a un proceso judicial. Ya perdimos la cuenta. Casi 300 en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y 28 en la Corte Suprema de Justicia lo relacionan con innumerables delitos, entre los que se cuentan interceptaciones ilegales a opositores políticos y periodistas, vinculaciones con grupos paramilitares, masacres, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de testigos, sin contar decenas de esa casi inútil categoría penal que nuestras leyes nombran como injuria y calumnia.

La mayoría de esos casos llevan años llenándose de polvo en cajones olvidados, mientras el expresidente continúa ejerciendo su liderazgo político e influencia sobre millones de personas, sin ser condenado por nada, pero tampoco absuelto de nada, como si la ambigüedad jurídica y la eterna sospecha fueran su destino. 

Al margen de la pasión que despierta Uribe, expresada en odios y amores por un país dividido, no se puede negar que las circunstancias, los métodos y las personas que rodean su ejercicio público producen, por decir lo menos, una enorme desconfianza. 

Porque si un funcionario del Estado, cualquiera que sea o haya sido su cargo, es sospechoso de la justicia, una y otra vez, de múltiples conductas delictuosas, la falta de resolución de las causas en su contra tiende un manto de duda que, entre más tiempo transcurre, se hace más insostenible. 

Además de los testigos que mueren o se retractan o sufren de repentinos episodios de amnesia, de los funcionarios judiciales que ayudan a que los procesos no avancen, de las dilaciones sustentadas en tecnicismos, persiste el senador y su partido en la descabellada tesis de que la sumatoria de investigaciones en su contra se reduce a una incansable persecución política. 

Tratando de sustentar esta teoría de la conspiración, los defensores de la integridad del múltiple investigado acusan de vuelta a Juan Manuel Santos, a las Farc, a Nicolás Maduro, a Raúl Castro, a José Miguel Vivanco, a Claudia López, a Daniel Coronell, a Iván Cepeda, a Ramiro Bejarano, a Daniel Samper Ospina, a Claudia Morales, a magistrados, jueces, investigadores, periodistas, comentaristas de redes sociales y a cualquiera que se atreva a hablar en contra de su líder, como si se tratase de una organización multipropósito: acabar con la honra, la carrera y la libertad de un hombre inocente.

En contra de cualquier sensatez, este disparate ha llegado al punto de que el candidato presidencial del Centro Democrático se atrevió a afirmar, sin recato y hablando duro, que la última decisión de la Corte en el caso de los testigos manipulados es el producto de un pacto entre el gobierno y las Farc para meter al senador a la cárcel. 

Este es un argumento viejo que trata de restarle legitimidad a la actuación de quienes están obligados a impartir justicia. Y es precisamente el poder judicial, que entre otras cosas no es que sea un dechado de virtudes, el que tiene que decidir si la presión política de un sector que se ve cada vez más amenazado puede influir en su labor imparcial, es capaz de frustrar su obligación de acelerar la búsqueda de la verdad y de demostrar de una vez por todas si Álvaro Uribe Vélez es culpable o inocente de todo cuanto se le endilga. Culpable o inocente, pero ya no más un eterno sospechoso y sospechado. 

@desdeelfrio