Así de claro: “Es la ley del capitalismo abrazada firmemente con el patriarcado: alguien tiene el deseo y cuenta con el dinero, y una mujer tiene la necesidad”, dice en el portal de la Red Estatal contra el alquiler de vientres, cuyo link no podría ser más directo: noalquilesvientres.com. Esta red está conformada por varias organizaciones feministas, la mayoría de España, donde paradójicamente están prohibidos por ley los vientres de alquiler. Sin embargo, estas activistas señalan que el problema no es nacional, sino que opera por los mismos canales en los que se mueven varios negocios trasnacionales. En Estados Unidos es permitido, así como en muchos países pobres. En 2014 lo aprobaron en Grecia.
Es posible que algunos piensen que la maternidad subrogada apenas es un tema que importa a personajes de la farándula, gente que cumple sus deseos reproductivos en cuerpos ajenos de mujeres sin rostro. Pero no, el alquiler de vientres, justamente, debe estar en la agenda pública de países como el nuestro, porque es sobre el lomo de la pobreza que cabalgan estas industrias.
La prohibición de los vientres de alquiler está fundamentada en el hecho de que se ponga en un contrato todo aquello que no puede estar dentro de una relación comercial. Es decir, un cuerpo, un nacimiento, un bebé, la maternidad, una mujer. Pero no hay una norma internacional, así que el negocio se va moviendo dependiendo del orden del día. Cuando se prohíbe en la India o en Tailandia, se abre el mercado en Ucrania donde se pagan unos 50.000 euros por el alquiler. Una larga lista de intermediarios gana del contrato. Cuando la restricción comenzó a regir en Camboya, detuvieron a 43 mujeres que estaban alquilando sus vientres. Las recluyeron en hospitales embarazadas, esposadas como delincuentes, y allí parieron hijos que no consideraban propios. La prohibición las llevó de un vientre alquilado a una maternidad forzada. Violento de cualquier modo. A las chicas de Camboya les permitieron quedar en libertad si se comprometían a cuidar a los niños. Era eso o pagar 20 años de cárcel. Con esa amenaza cualquiera termina criando a un muchachito a la fuerza. Una de ellas había sido contactada por un compañero de la fábrica donde trabajaba. Por permitir implantar un óvulo fecundado en su útero e incubarlo hasta el parto, tenía la posibilidad de ganar suficiente dinero para poder comprar un lugar donde vivir. Las lidias de la pobreza, el sueño de un techo propio. Pensaba ganar 8.000 dólares por alquilar su cuerpo, con todas las molestias y los riesgos que implica un embarazo y un parto, pero no hubo techo, ni dólares. A cambio fue criminalizada y le dejaron otra boca que alimentar.
El tema es complejo, esta industria aprovecha la necesidad de las mujeres pobres, pero la prohibición también la emprende contra estas mismas mujeres pobres. A algunas se les acusa de tráfico de menores. De cualquier manera, se sabe quién asume los mayores riesgos del negocio.
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@ayolaclaudia
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