Uno de los asuntos más preocupantes de las protestas de los estudiantes en defensa de la universidad pública –hay que decirlo– es el lamentable papel del Ministerio Público. Su tibieza combina perfectamente con un panorama triste de un Estado depredador que le da la espalda a sus estudiantes y que, cuando le da el frente, es para aplastarlos contra el pavimento, usando botas negras de uniformados sin nombre ni rostro. 

Hay múltiples registros fotográficos y de videos en distintos rincones del país en el que se evidencian los excesos del Esmad. Sin embargo, no se conoce una actuación determinada de la Defensoría del Pueblo ni de la Procuraduría que permita ponerle fin a estos abusos.

La Defensoría emitió una circular interna en la que menciona un monitoreo a las protestas: algo así como enterarse de si va a haber protestas, luego avisarle a la Policía y a otras entidades territoriales para que sean ellas las que garanticen “el desarrollo normal de la manifestación”. Enterarse si en la ciudad hay algún puesto de mando unificado y delegar a un funcionario de la Defensoría para que haga presencia allí, luego avisarle a la Personería que se va a hacer una manifestación para que sea la Personería y no la Defensoría la que haga presencia in situ en las manifestaciones –pasan una papa caliente–, disponer de defensores públicos por si acaso alguien necesita representación jurídica –nada excepcional–, avisar a una oficina que recibe quejas sobre “algún caso relevante”, recibir y tramitar las quejas si alguien se va quejando –lo de todos los días también– y elaborar un informe sobre el desarrollo de la jornada.  

Llama poderosamente la atención que en el documento se aclara enfáticamente –es lo único enfático quizá– que si a alguna Defensoría Regional recibiera una solicitud de acompañamiento a las movilizaciones sociales o una solicitud como Ministerio Público de hacer una revisión de las armas no letales que porta la fuerza pública que acompaña las manifestaciones, se debe trasladar dicha petición a la Personería. Es decir, la Defensoría no hará nada.

Carlos Negret sí ha salido muy airoso al solicitar que las marchas sean “pacíficas, ordenadas y seguras” para evitar cualquier situación de riesgo para los manifestantes y los ciudadanos.

Es decir, él le advierte a los marchantes que se porten bien para que no les pase nada, pero no deja ver cuál es su posición frente a los eventuales abusos de la fuerza pública y la represión de la protesta social.

La Procuraduría, pese a la capacidad que tiene para investigar y tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios públicos, también parece desatender lo que es evidente. Es extraño, porque la misma Procuraduría –aunque con otro Procurador– en 2013 exhortó a que los integrantes del Esmad portaran distintivos que permitieran su identificación con el propósito de establecer consciencia de la responsabilidad individual en casos de abusos. Por alguna razón en este paro estudiantil el Ministerio Público parece estar sumergido en un paradigmático y misterioso letargo. Interesante conocer las razones. 

@ayolaclaudia
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