Hay quienes creían, en días de elecciones, que Iván Duque encarnaba un uribismo más sensato, menos obtuso, con su cara bonachona de ejecutivo junior con guitarra en mano. Sin embargo, en días pasados ha quedado claro todo lo contrario, a Duque no le importa asumir el papel de un pequeño dictador que pasa por encima de la separación de poderes.
La Corte Constitucional es la encargada de hacer el control de los proyectos de ley estatutaria como el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, posterior al examen de constitucionalidad, el presidente puede objetar solo por inconveniencia. Dicha inconveniencia no puede tratarse de un gusto político de hacerle favores a los amigos –o padrinos– y mucho menos de tratar de dilatar los procesos en un sistema burocrático y paquidérmico para darle ventaja a la impunidad de sus aliados. Las tales objeciones de inconveniencia de Duque no existen y eso ha quedado bastante explicado en la ejemplar respuesta que ha dado la oposición. Es decir, la Corte ya se había pronunciado sobre esos mismos puntos y el presidente lo sabe.
Iván Duque menciona como objeción el tema de la reparación de las víctimas y la oposición le recuerda que ya la Corte dijo que los excombatientes están obligados a entregar bienes y que tienen que contribuir con toda la reparación integral. En otro punto, el presidente dice que quiere que se defina cuándo se suspenden las investigaciones en justicia ordinaria. La oposición le recordó que la Corte estableció el tiempo en el que la Fiscalía puede seguir investigando y recolectando pruebas. Duque quiere que se estudie uno a uno cada caso. La oposición le recordó que ya la Corte también se pronunció al respecto y dijo que en contextos de justicia transicional es posible juzgar a los máximos responsables de los crímenes más representativos. No nos alcanzaría esta vida ni la otra para revisar caso a caso y sobre eso aprendimos en el anterior proceso de justicia transicional con los paramilitares, hecho por Uribe, sobre el que el uribismo no tuvo objeción. En otro punto Duque dice que la JEP no puede practicar pruebas en procesos de extradición, y resulta que el alto tribunal ya ha ratificado que la JEP sí puede practicar pruebas en procesos de extradición y verificar la fecha en la que se cometieron los presuntos delitos. Si ocurren después de la firma del acuerdo de paz –del 24 de noviembre de 2016–, el caso pasará a la justicia ordinaria.
La ONU sugirió que no se dilate el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, pero el gobierno de Duque acusó a la ONU de –más o menos– inmiscuirse en lo que no le importa. Sin embargo, así no podrá responderle a los colombianos y colombianas que se movilizarán para defender la paz y la JEP mañana lunes 18 de marzo. En Cartagena la cita es a las 5 de la tarde en la India Catalina y en Barranquilla a las 5:30 de la tarde en el monumento de Estercita Forero. Señor Duque, aquí lo único inconveniente es asfixiar la JEP.
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