Un periodista le pregunta a Ángela María Robledo si ella siente que hay sesgo en los magistrados del Consejo de Estado. Robledo responde con serenidad, dice que ella no cuestiona a los magistrados, pero que como feminista y crítica tiene preguntas. Yo también soy feminista y no solo tengo preguntas, yo tengo sospechas. La decisión del Consejo de Estado no era fácil de tomar porque se movía sobre un terreno inédito, en especial porque apenas se está estrenando el estatuto de la oposición. Se trata de un nuevo escenario que procura generar garantías democráticas en aquellos que ejercen la oposición política al gobierno que se encuentra en el poder.
Un país como el nuestro, en el que se ha arrasado con un partido completo –como el caso de la UP–, en el que se ha mandado a realizar espionajes y asesinatos a quienes son oposición del gobierno, es absolutamente necesario ofrecer garantías. El Estatuto de la Oposición era una deuda pendiente de la Constitución de 1991, que finalmente se aprobó en 2018 por el Congreso con la reglamentación del Consejo Nacional Electoral. Salió del clóset para los colombianos con aquel emblemático derecho a réplica ejercido por un grupo de congresistas para responder a las objeciones de Iván Duque a la Justicia Especial para la Paz.
Como todo lo que se estrena, requiere afinarse. Comienza con dudas, con emoción y con cierta incertidumbre. Suele suceder en estos casos que los vacíos se llenan con interpretaciones de la norma. Eso hizo el Consejo de Estado. Con todo lo respetable que pueda ser el magistrado, en el derecho que su investidura le da para bien hacer dicha interpretación, no solo pasó por encima de 8 millones de votantes, sino que pasó por encima de la necesaria y urgente necesidad de ofrecerle garantías a la oposición y salvaguardar la democracia. En su interpretación prevaleció la forma y decidió dejar sin curul a una de las oponentes más sólidas del gobierno Duque.
En junio de 2009, en un evento sobre gestión pública en el Centro de Convenciones de Cartagena, un joven médico que se encontraba entre el público interrumpió la intervención del presidente Uribe para exigir respuestas sobre los falsos positivos, sobre el sistema de salud y la zona franca de Tomás y Jerónimo. El mandatario se molestó y dijo “no abusemos de nuestras libertades”. Al médico lo derribaron los hombres de seguridad, lo sacaron del salón, lo subieron a un carro, se lo llevaron para un comando de policía, le hicieron preguntas. “Abusó de sus libertades”, según Uribe.
La decisión del Consejo de Estado es lamentable y carece de sentido de realidad política y contextual sobre qué derecho era urgente garantizar. Si permitimos debilitar la oposición en el Congreso, tendremos una dictadura. Vienen por todos, así, sin ninguna vergüenza, sin arrugar la cara, diciendo que abusamos de nuestras libertades. Hay que estar atentos de cómo el Fiscal Néstor Humberto Martínez hace su parte para criminalizar a congresistas de la oposición. Por cierto, no ha renunciado.
@ayolaclaudia
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