En 1998 los entonces ministros de Minas, de Hacienda y la directora de Planeación Nacional, logramos sacar a los clanes políticos regionales del manejo de las electrificadoras de la región Caribe, y darle cabida al sector privado para el manejo de las mismas. Se evitó de esa manera una crisis nacional en el sistema interconectado por el volumen de deudas que habían adquirido las empresas de los departamentos costeños. Solo el Chiqui Valenzuela, ministro de Minas del presidente Pastrana, nos reconoció ese esfuerzo, porque en general lo que nos ganamos fue serios enemigos dentro del sector político del país. Pero la verdad es que lo triste de esta historia, es que ha sido difícil de entender que siguió después cuando los males por los cuales se realizó esa privatización se han repetido durante todos estos años hasta que hoy finalmente, se acaba Electricaribe.
Un pésimo servicio con interrupciones permanentes; poca o nula inversión en redes; una alta informalidad en el acceso que nunca realmente se abordó a pesar de que se habían previsto recursos para avanzar en su solución. En fin, los mismos males de siempre cuando en este país y en muchos otros se parte de la premisa de que el sector privado es mucho más eficiente que el Estado. Por esta dolorosa historia es fundamental que se analice realmente lo que ha sucedido durante estos más de 20 años, para que los habitantes de esta parte del país y sus actividades productivas no sigan viéndose afectadas por esta crisis recurrente en este servicio fundamental para la sociedad en su conjunto.
Cada vez que se planteada de nuevo la crisis de Electricaribe, surgía la duda sobre la función de la SuperIntendencia de Servicios Públicos, responsable de la adecuada prestación de estos servicios. Por la poca incidencia que tuvo se confirma nuevamente que en Colombia con excepción de la Superfinanciera que vigila al sistema bancario, con demasiada frecuencia, los otros frentes de control fácilmente evaden sus responsabilidades.
Lo triste de esta historia de Electricaribe, es que quienes participamos en la privatización de las electrificadoras de la Costa pagamos un alto precio por ello. Demandas de los políticos que habían ejercido como dueños y que las habían quebrado, nos obligaron a hacer esfuerzos financieros para pagar abogados hasta que se comprobó nuestra inocencia. Dentro del sector político que estaba en campaña para la Presidencia de la República, nos consideraron enemigos por haberles dañado el apoyo de los gamonales del Caribe colombiano. La situación fue tan difícil que en mi caso particular solo Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que conocía muy bien mi trabajo en la realización de la asamblea de esa entidad en Cartagena, me ofreció un trabajo temporal. Increíble, pero duele saber que todo esto fue inútil. Ojalá por fin en las nuevas circunstancias, este servicio encuentre el camino correcto por el bien de toda la Región Caribe. Sería absolutamente inaceptable que se repitiera este doloroso episodio.
cecilia@cecilialopez.com
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