A finales de los 80, la gerente de las controvertidas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla era Marina Sanmiguel, una bogotana valerosa que echó raíces aquí y a quien todos conocemos como ‘La Chatica’. Como gerente de esa empresa de servicios –orgullo de otros tiempos– escarbó e indagó en los más dudosos y recónditos archivos de esa extinta entidad, la cual, paradójicamente, fue el modelo tomado por los paisas en los años 40 para construir la exitosa EPM de Medellín.

Entre otras tantas perlas, ‘La Chatica’, una líder natural de los Rotarios, se encontró con una interminable lista de “jubilados”, y como la carga pensional de la empresa era muy alta decidió contratar abogados para investigar cuál era la razón de ese penoso lastre que llevaba, entre otras causas, a las EPM locales por el despeñadero financiero. Uno de esos abogados fue el ya fallecido Federico Trujillo Burgos, quien se topó con insólitos y singulares casos. La investigación develó perlas tan escandalosas que la reconocida revista Visión reprodujo a son de chanza uno de esos hechos.

La almendra de la investigación era esta: muchos de los jubilados apenas habían trabajado unos meses en las EPM y otros, cuando más, un par de años. Para poder obtener la generosa pensión, a cargo de la empresa, aportaron documentos de otras entidades. Hasta allí el asunto no tiene ninguna particularidad. La sorpresa vino cuando después de sumar los tiempos trabajados se comparaban con la edad del pomposo “jubilado”. Los números los delataban. Muchos, según la elemental aritmética lo decía, debieron haber entrado a trabajar a los cinco años en esas entidades que los avalaban como exempleados. Varios tenían certificados de la Policía y por supuesto de otras empresas públicas. Numerosas fueron las jubilaciones que ‘La Chatica’ y Federico Trujillo lograron reversar, pero ya la entidad había sido desangrada y una de las venas rotas había sido la pensional.

La historia de los falsos pensionados de las EPM no es igual a la que se conoció ayer en Barranquilla, pero forma parte de lo insólito. Esta vez, sin duda por error involuntario, fue llamado a declarar a un proceso uno de los tantos líderes sociales asesinados en los últimos días en el país.

Así que Bernardo Cuero Bravo, muerto a bala en su casa de Malambo, hace poco más de un año, fue citado para comparecer en la diligencia de libertad por vencimiento de términos de Víctor Meriño Pereira, sindicado de ser su asesino.

¿Un acto de torpeza secretarial? No. Lo más seguro es que la copia de ese oficio con fecha 23 de julio, emitida por el Centro de Servicio Judiciales, se hizo en medio de los avatares del cúmulo de procesos que reposan en los juzgados. Son miles, a la justicia no le alcanzan las manos, pero justificado o no, es insólito que a un hombre muerto lo llamen a declarar contra quien se presume es su asesino.

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